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Legisladores en Guatemala se oponen a concesión directa de TCQ

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Legisladores en Guatemala se oponen a concesión directa de TCQ

Señalan que aún hay investigación abierta por Ministerio Publico
Edición del 11 de Enero de 2017

Los diputados del bloque legislativo “Todos” expresaron su oposición a que el Congreso de la República de Guatemala entregue en concesión directa el Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). Entre los argumentos están que existe una investigación abierta relacionada a TCQ por parte del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Según información de Publinews, parlamentarios indicaron que “se debe hacer un nuevo trámite de licitación y no otorgar una concesión sin que se cumplan previamente los procedimientos establecidos en la normativa, debido a que con ello se daría continuidad a privilegiar a una determinada empresa”.

Llamado a nueva licitación

“Todos” dice haber hecho análisis jurídico en el que establecieron que no “se aplica ninguna de las excepciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado”, señalando que no están dispuestos a avalar la aprobación de la iniciativa de ley enviada por el Organismo Ejecutivo.

Asimismo, hicieron un llamado al Presidente  de Guatemala, Jimmy Morales, y al interventor de la Empresa Portuaria Quetzal y a la Procuraduría General de la Nación para que realicen una nueva licitación que no favorezca a ninguna empresa en específico.

Oposición de APM

El 23 de noviembre de 2016, la empresa accionista de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), APM Terminals se pronunció en contra de realizar una licitación para lograr el funcionamiento de esa construcción. El argumento de APM Terminals es que TCQ no competiría en igualdad de condiciones frente a otros oferentes que no han hecho las inversiones previas y no tienen la misma situación de riesgo o pérdida al participar en el concurso, la cual quedaría sin operar durante el tiempo que dure la licitación.

Investigación

Según una investigación de la Fiscalía, para los antiguos dueños de TCQ, habrían repartido unos US$30 millones en sobornos para que el Estado suscriba con ellos un contrato y lograr la construcción del puerto.

Por MundoMarítimo


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