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10 de Febrero de 2014 GUPC cesó actividades en principal obra de ampliación en Canal de Panamá ACP y consorcio analizan propuestas para una solución

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Los trabajos en el tercer juego de esclusas cumplieron cinco días de paralización el día domingo 9 de febrero, pero la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Grupo Unidos por el Canal (GUPC) tienen la disposición de lograr un acuerdo.

El jueves 6, GUPC informó de que había enviado una propuesta y al día siguiente (viernes 7) la ACP presentó una contrapropuesta para tratar de conseguir un acuerdo que permita terminar los trabajos.

“Nosotros aún durante el fin de semana (domingo 9) mantendremos las comunicaciones abiertas con el propósito de lograr que las obras continúen lo más pronto posible”, informó el administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano.

La suspensión se dio después de que la ACP y el consorcio no lograran acordar un plan para reflotar la construcción del tercer juego de esclusas de la vía acuática, que el GUPC dice que no puede continuar porque sobrecostes de más de 1.600 millones de dólares lo dejaron sin flujo de caja.

El consorcio se adjudicó el proyecto por su oferta de 3.118 millones de dólares, y la ACP ha pagado 2.831 millones de dólares, 784 en anticipos reembolsables.

Quijano señaló en esa semana que la puerta del diálogo con el GUPC estaba abierta, aunque se cerraba "minuto a minuto", para buscar un opción que permitiera a ambos seguir el proyecto mientras las instancias internacionales previstas en el contrato dirimían quién tenía la razón sobre los "exorbitantes y no sustentados" sobrecostes.

Añadió que la ACP entró en una fase de análisis para decidir los pasos a seguir, que pueden incluir rescindir el contrato porque tiene la capacidad financiera y técnica para asumir las obras y concluirlas en 2015, como está previsto.

Sacyr en cambio en Madrid informó que la ACP había roto el diálogo pero que el consorcio seguía "buscando una solución de financiación" para terminar las obras en 2015.

Para sectores políticos y analistas locales la situación está muy clara: la ACP debe asumir el control del proyecto, que registra más de un 65% de avance.

"Es una obra que está bastante avanzada, ya no es atractiva económicamente para una gran empresa de construcción, y la ACP lo que tendrá es que buscar es una empresa administradora de obra" y asumir ella misma algunos trabajos "como la parte electromécanica de la instalación de las compuertas" de las esclusas, dijo Nils Castro, político panameño.

De esta forma, el consorcio ganaría tiempo para que se fueran resolviendo los reclamos interpuestos ante la Junta de Resolución de Disputas (DAB, por sus siglas en inglés) y la Cámara Internacional de Comercio de Miami, las otras dos instancias que contempla el contrato –además de la ACP– para dirimir las controversias.

Sin embargo, según Quijano, cada vez que se vislumbraba un acuerdo, el consorcio endurecía su posición y volvía a exigir que la ACP se hiciera responsable de “cifras exorbitantes por supuestos sobrecostos” a los que había llegado “unilateralmente”. “Aunque respetamos el proceso de negociación, esa posición indicaba la falta de voluntad en llegar a un acuerdo por parte de GUPC”, recalcó.

Las fricciones ya no solo se centran en el financiamiento de los sobrecostos. GUPC reclamó públicamente el pago de una factura pendiente de US$ 50 millones para facilitar los desembolsos adicionales a los subcontratistas y los trabajadores. Consultado sobre este asunto en la rueda de prensa, Quijano aclaró que cuando la ACP solicitó al consorcio el paz y salvo de la Caja de Seguro Social para proceder con el desembolso de la factura, no lo presentó.

A pesar de las fuertes acusaciones que se han cruzado, ambas partes dejaron abierta la puerta a una posible reconciliación. GUPC dijo que el acuerdo “ofrece el único camino para terminar el Canal con prontitud y eficiencia”.

Para el consorcio, si se desatan definitivamente las hostilidades, el conflicto derivará “en años de litigios y arbitraje en las jurisdicciones de todo el mundo”.

Al respecto, Quijano dejó claro que lo que viene no será sencillo y no estará exento de riesgos, pero también sentenció que “el Canal de Panamá no se va a someter a chantaje. Le haremos frente a cualquier demanda que estas empresas nos interpongan. Estamos seguros de que la verdad está con nosotros, que los hechos los podemos sustentar y que nuestra posición es clara y vertical, y que únicamente actuamos para defender el derecho de todos los panameños”.

Cambio de roles

En las dos últimas semanas de discusiones se produjo un cambio de papeles en GUPC. Quijano reconoció que, en un principio, las conversaciones se mantenían con el líder del consorcio, Sacyr, pero en la fase final, la italiana Salini Impregilo tomó el mando en la negociación.

Además del comunicado del consorcio, en el seno de ambas empresas se produjeron reacciones tras conocerse el pronunciamiento de la ACP. Fuentes internas de la empresa de construcción italiana desacreditaron la posición de Quijano tildándola de “absurda”. En el coloso italiano se rumorea que hay una batalla política interna en Panamá entre Quijano y Martinelli. Este planteamiento, no obstante, es negado por la ACP.

El conflicto llegó a las más altas esferas del Gobierno italiano. Tal es así que el primer ministro, Enrico Letta, mantuvo una conversación telefónica con el presidente Martinelli, y según refirió el Palacio Chigi, residencia oficial del presidente del consejo de ministros en Roma, la comunicación entre ambos mandatarios habría favorecido “el desbloqueo en la controversia”.

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Infraestructuras italiano, la ruptura de las negociaciones “ha sido una desagradable sorpresa para todos”, también, añadieron, “para el presidente Martinelli”.

El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, declaró desde España que el consorcio “no puede hacer nada más”. En un gesto de resignación, apuntó que “la vida sigue” y que el proyecto de ampliación del Canal de Panamá representa una “pequeña parte” de la cartera de la compañía. “Sacyr seguirá adelante. Ha demostrado al mundo que ha sabido solucionar los problemas técnicos de, quizás, la obra más difícil del mundo”, agregó.

La tensa negociación se  lleva a cabo justo cuando se cumplen 100 años desde que Estados Unidos completó la fallida apuesta francesa en la construcción del Canal.

Trabajadores

Los trabajadores contratados por el consorcio Grupo Unidos por el Canal exigieron a través del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) que se le reconozcan sus derechos laborales, ante la evidente paralización de las obras.

“Estamos exigiendo el respeto de los salarios de los trabajadores, las prestaciones sociales a las que tienen derecho, el respeto al convenio colectivo, el aumento de salario y los puestos de trabajo que deben ser de panameños”, dijo Saúl Méndez, en representación del Suntracs.

De acuerdo con las estadísticas de la Autoridad del Canal de Panamá, en las obras de la ampliación han laborado más de 33 mil trabajadores desde que comenzó el proyecto, en 2007.

En diciembre había unos 8 mil obreros laborando en la construcción del tercer juego de esclusas, cifra que disminuyó a unos mil empleados y desde el día de la paralización ya no trabajaba ninguno, tras la orden de Grupo Unidos del Canal de suspender los trabajos.

Indistintamente de que la empresa termine de construir el tercer juego de esclusas, añadió, estos derechos deben ser reconocidos.

La compañía procedió a enviar a los trabajadores a sus casas, anunciando el pago de los salarios, remarcó Médez, quien replicó que “no sabemos claramente en qué circunstancias van a terminar las negociaciones entre la empresa y ACP”.

Después de concluir una reunión de junta directiva, el Suntracs pidió a la ACP y al Gobierno que “se le hable claro al pueblo sobre lo que está pasando con el financiamiento de las obras del Canal”.

El administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, afirmó que la obra se va terminar con la misma fuerza laboral.

Fuentes: EFE y La Prensa, Panamá 

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