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21 de Abril de 2014 La apuesta de Cuba en el ambicioso proyecto portuario de Mariel Primera fase de la ampliación podrá movilizar 800.000 contenedores al año

El puerto de Mariel, que hace 30 años fue la vía de salida hacia Estados Unidos de un éxodo de 125.000 cubanos desesperanzados, se ha transformado en la principal baza del Gobierno de Raúl Castro para construir uno de los principales motores de la economía nacional: una zona franca de importación, exportación y fabricación, capaz de recibir buques post-panamax: los de mayor calado, que pueden cargar hasta 9.000 contenedores, pero no pueden pasar por el actual canal de Panamá.

La ampliación del histórico puerto cubano, situado a unos 50 kilómetros de La Habana, en la entrada del golfo de México y frente a las costas norteamericanas, es uno de los proyectos de desarrollo económico más ambicioso de América Latina, en el que Brasil comprometió más de seiscientos millones de euros (US$ 830 millones). Desde el pasado noviembre en que se abrió la entrada de solicitudes, cerca de 70 empresas de 15 países, entre ellos Brasil, Rusia, China, España, Francia e Italia han pedido documentación sobre esta nueva zona franca americana, que lleva a cabo el gigante brasileño de la ingeniería Odebrecht, presupuestada en torno a los 7.000 millones de euros (US$ 9.670 millones), según fuentes oficiales.

Todavía no se han publicado los nombres de los consorcios que han solicitado información antes de tomar una decisión sobre su eventual entrada como inversores en un complejo industrial de 45 kilómetros cuadrados, en principio, pero llegará a los 465 kilómetros cuadrados de cumplirse los planes del proyecto. Esta superficie tiene previsto albergar las instalaciones de firmas petroquímicas, de biotecnología, tecnologías de la información, agrícolas y otras dedicadas a la logística.

La primera fase, 700 metros de muelle, se inauguró el pasado enero, pero desde hace meses cerca de 3.500 personas trabajan en otras infraestructuras, entre ellas el acondicionamiento de la red ferroviaria de acceso a la denominada Zona Especial de Desarrollo Económico, que se regirá con una legislación especial con el objeto de atraer inversores, que exigen seguridad jurídica, garantías de permanencia y los amplios márgenes de libertad operativa de las economías de mercado. Queda por ver si al capital foráneo le convence la ley de inversión extranjera aprobada el mes pasado por el Gobierno de Castro, que sustituye la promulgada en 1995, y establece nuevas seguridades, autonomías y beneficios fiscales para quienes decidan apostar por el puerto de Mariel.

Un obstáculo serio es la dualidad monetaria de Cuba. La convivencia del peso nacional, cuya capacidad adquisitiva es muy limitada, y el CUC, la moneda fuerte, equivalente al dólar; continúa teniendo efectos disuasorios en los mercados internacionales de capital porque causa incertidumbre y distorsiones. El economista cubano Hugo Pons piensa que la dualidad podría desaparecer dentro de dos años.

La terminal del puerto de Mariel, en el que se ha dragado un canal de una profundidad de 17,9 metros, podrá mover más de 800.000 contenedores al año, el doble de la capacidad del puerto de La Habana, cuyos principales clientes a partir de ahora podrán ser yates y cruceros. El consorcio de Singapur PSA International, uno de los mayores operadores portuarios del mundo con filiales en 15 países y 30 millones de contenedores en movimiento, dirigirá el tráfico de esta especie de King Kong en la cuenca caribeña.

Los sociólogos no descartan que se produzca una emigración interna desde el sur isleño hacia Mariel, que tiene 40.000 habitantes, ante las expectativas de que el megaproyecto creará trabajo mejor remunerado que en el resto del país.

La ampliación del puerto de Mariel y la nueva ley de inversiones parecen integrarse en el plan de reformas en curso, que convergen hacia la economía de mercado. Se alejan de la estatización aplicada a rajatabla durante decenios y de la brusca recentralización ejecutada a mediados de los años 2000, que redujo a la mitad en número de empresas extranjeras presentes en Cuba: solo 200 en el año 2008.

El objetivo del nuevo parque industrial, según resolución de la Gaceta Oficial, es “promover el incremento de infraestructuras y de actividades que permitan el aumento de las exportaciones, la sustitución de importaciones, la realización de proyectos de alta tecnología, generar nuevas fuentes de empleo y contribuir al progreso nacional”.

El economista Emilio Morales, autor del libro Cuba: ¿tránsito silencioso al capitalismo? y presidente de Havana Consulting Group, alerta sobre la distancia entre el sueño y la realidad de un proyecto que exige grandes capitales extranjeros dispuestos a permanecer un largo periodo de tiempo en Cuba. El nuevo polo de desarrollo afronta, en primer lugar, la competencia de las zonas francas existentes en Panamá, Jamaica, Caribe y Centroamérica, con precios competitivos y mejores relaciones con el principal mercado regional: Estados Unidos.

El proyecto cubano, además, estará limitado por las medidas que se derivan del embargo norteamericano, vigente desde los años sesenta, que prohíbe entrar en aguas territoriales norteamericanas a buques que hayan atracado en Cuba en los últimos seis meses.

No obstante, agrega Morales, el complejo portuario de Mariel está pensado, estructurado y puesto en la perspectiva futura de desbrozar el camino para la entrada de capital de las grandes compañías norteamericanas cuando se normalicen las relaciones bilaterales. “Esa es la idea que inspira también al dinero brasileño invertido en esta apuesta y constituye la carnada para los potenciales inversores”, agrega.

En la primera etapa de desarrollo del parque industrial, además de construirse infraestructuras, las autoridades cubanas fomentarán la apertura de empresas relacionadas con la biotecnología y los sectores farmacéuticos, informático, comunicaciones, “y otras ramas relacionadas con la industria tradicional, deficitarias en nuestro país”, informa Ana Igarza, directora de la Oficina de Zona Especial de Desarrollo.

Novedades para la inversión exterior

La nueva Ley de Inversión Extranjera aprobada el pasado 29 de marzo en Cuba establece fuertes incentivos fiscales para atraer capital foráneo y permite a los cubanos residentes en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos y España, invertir en la isla. Las ataduras legales incluidas en la anterior norma desanimaron a muchos inversores, que fueron cerrando sus proyectos en la isla. En una década, el número de empresas mixtas cayó de 400 a 200.

La nueva legislación reduce a la mitad el impuesto sobre las ganancias para la mayoría de las inversiones, con un tipo impositivo del 15% sobre el beneficio neto, excepto en los sectores de educación, sanidad y las instituciones armadas, que continúan vetadas a la entrada foránea. Los empresarios internacionales, que exigen seguridad jurídica y certidumbre, podrán repatriar sus beneficios y vender sus participaciones en las empresas mixtas con Cuba.

Cuba necesita atraer entre 2.000 y 2.500 millones de dólares de inversión exterior anual. “Para que vengan hay que darles incentivos”, dicen fuentes oficiales. Sin especificar cómo se hará, la ley promete salvaguardar la inversión extranjera de la extraterritorialidad de la ley Helms Burton de 1996, que reforzó el embargo norteamericano impuesto en la década de los sesenta. Pese las demandas en sentido contrario, la contratación de trabajadores cubanos no podrá ser directa y dependerá de organismos estatales.

Fuente: El País, España 

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