Aunque reconoce que a Puerto Rico le cuesta más el transporte de productos en barcos de matrícula estadounidense, la Oficina de la Contraloría General (GAO), por sus siglas en inglés, ha evitado adjudicarle toda la culpa a las normas federales de cabotaje.

En su análisis, la GAO concluye que liberar a la Isla de las normas federales de cabotaje atentaría contra el futuro de la Marina Mercante estadounidense.

“Debido a las ventajas en costo, la libre competencia para los barcos de bandera extranjera puede provocar la desaparición de la mayoría de las embarcaciones estadounidenses y de la industria de construcción y reparación de barcos que la ley quiere proteger”, indica la GAO, en su informe, titulado “Puerto Rico: características del comercio marítimo y los posibles efectos de modificar la Ley Jones”.

Como han hecho ante el Congreso las empresas navieras y los sindicatos, el documento de la GAO defiende las normas de cabotaje que establece la ley Jones de 1920, que obligan a transportar productos entre puertos de Estados Unidos y Puerto Rico en barcos que son propiedad, fueron construidos y tienen matrícula estadounidense.

Pese a que el análisis indica que “diferentes factores” determinan las tarifas de las empresas de transporte, como la demanda, y que puede ser casi imposible determinar su efecto en los precios de los productos en la Isla, la GAO reconoce que hay áreas en que el monopolio de las cuatro navieras estadounidenses que operan entre los puertos de Estados Unidos y Puerto Rico va en contra de los intereses de la Isla.

Acepta, por ejemplo, que existe una deficiencia en la oferta de buques estadounidenses para transportar gas natural y petróleo refinado. Y que es más barato traer el petróleo desde Trinidad y Tobago o Venezuela que desde el Golfo de México.

“Varios transportistas de estos mercados nos indicaron que frecuentemente no hay embarcaciones disponibles para ofrecer esos servicios”, indica el estudio de la GAO, un brazo investigativo del Congreso.

El análisis de la oficina federal, que se extendió por 15 meses e incluyó entrevistas con autoridades del Gobierno y la industria de la Isla, fue solicitado por el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, a través del subcomité de Asuntos Insulares de la Cámara de Representantes federal.

Empresas que operan en Puerto Rico advirtieron a los expertos de la GAO que no compran productos de fuentes estadounidenses debido a los altos costos de las embarcaciones de matrícula de Estados Unidos en comparación con los extranjeros.

Más barato ir a Canadá

Ponen como ejemplo que prefieren importar y transportar productos de Canadá, pues sale más barato utilizar embarcaciones extranjeras que traer la misma carga desde los puertos del estado de Nueva Jersey, aunque tengan que navegar 500 millas adicionales.

“Esto fue particularmente evidente en el mercado de transporte de productos a granel”, agrega la GAO, que advierte que esa realidad puede limitar las ventas agrícolas estadounidenses.

El comisionado Pierluisi anunció que presentará legislación –probablemente proyectos independientes– para impulsar que se exima de las normas de cabotaje el transporte de gas natural y otros combustibles, al igual que productos a granel.

El estudio de la GAO –de 47 páginas y con fecha del 14 de marzo– no incluye un análisis que permita hacer comparaciones formales sobre el impacto de los costos del transporte marítimo en el precio de los productos en Puerto Rico. Es más, concluye que hacerlo “es muy difícil, sino imposible”.

Por ejemplo, sostiene que hubo empresas radicadas en la Isla que aseguraron a la GAO que los costos de sus productos en la Isla responden a la competencia interna, a los precios que algunas veces se imponen desde Estados Unidos y no necesariamente al elevado costo de la transportación.

Faltan estadísticas

El estudio carece de datos o estadísticas que precisen las diferencias en las tarifas de las navieras estadounidenses frente a las extranjeras.

Por un lado, la GAO argumenta que la demanda desde la Isla se ha reducido y por otro dice que 9 de 10 empresas extranjeras se negaron a ofrecer información y que las empresas estadounidenses tienen “tarifas negociadas confidenciales”.

Pero la GAO acepta que el costo de la vida en Estados Unidos, los convenios con los sindicatos de la industria marítima, la compensación que reciben los trabajadores y los requisitos gubernamentales elevan el precio de operar un barco con tripulación estadounidense.

Según las empresas navieras, el 64% del costo de su operación se va en el consumo de combustible.

En un informe de junio de 2012, sin embargo, la Reserva Federal de Nueva York ya había indicado que “transportar por barco desde la costa este de Estados Unidos a Puerto Rico un contenedor de 20 pies de largo con artículos del hogar y productos comerciales cuesta alrededor de US$ 3.063; el mismo embarque a la vecina Santo Domingo (República Dominicana) cuesta US$ 1.504, y a Kingston (Jamaica) US$ 1.687”.

Y economistas en la Isla han advertido que las altas tarifas de las empresas estadounidenses pueden tener un efecto de cientos de millones de dólares anuales en la economía de Puerto Rico.

El análisis de la GAO recuerda también los cargos contra las empresas Horizon Lines, Crowley y Sea Star Lines –que pagaron multas por US$ 45 millones, US$ 17 millones y US$ 14 millones, respectivamente– por conspirar para fijar sus tarifas entre Estados Unidos.

Empresas de Puerto Rico dedicadas a la importación de alimentos, mientras, le indicaron a la GAO que pagan más por el transporte en contenedores con aire acondicionado, para poder llevar a la Isla productos lácteos, agrícolas y carne.

“Aunque los altos costos de la carga refrigerada no son únicos para este mercado o la industria global de transporte marítimo, estos y otros representantes de asociaciones importadoras de alimento perciben que hay menos competición para este segmento particular del mercado”, añade el informe de la GAO.

En momentos en que se avejenta tremendamente la flota de barcos estadounidenses, la GAO argumenta que eliminar los requisitos de las normas de cabotaje pudiera ser un golpe muy fuerte a la industria marítima estadounidense, incluida la de construcción y reparación de barcos, y hasta implica que puede afectar la seguridad nacional de Estados Unidos.

“Una baja en el número de embarcaciones de bandera estadounidense puede resultar en la pérdida de puestos de trabajo para marineros diestros que son necesarios para tripular la reserva militar estadounidense y otras embarcaciones de aguas profundas en tiempos de emergencia”, indica el estudio.

“No podemos pretender que la GAO ignore los aspectos relacionados con la defensa de la nación (estadounidense)”, señaló, por su parte, el comisionado Pierluisi.

Más aún, la GAO sostiene que la Administración de Asuntos Marítimos de Estados Unidos (MARAD) le indicó que sin el servicio de los barcos de bandera estadounidense puede reducir “su capacidad para asegurar que el transporte marítimo sirve a la economía de Puerto Rico”.

Fuente: El Nuevo Día, Puerto Rico