Domingo, 31 de Mayo de 2020 | ISSN 0719-241X
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13 de Febrero de 2009 Se posterga licitación portuaria de Coquimbo No se concretaría antes del 2012

La crisis financiera mostró su peor cara para tres importantes puertos del país. Esto porque la mayoría de los antecedentes apuntaban a que la empleabilidad sería la más perjudicada por la menor actividad privada. Sin embargo, altas fuentes de Gobierno confirmaron que el proceso de licitación de los sitios de espigón de San Antonio y Valparaíso tendría un retraso -al menos-, hasta el 2010. Para el terminal marítimo de Coquimbo, las expectativas serían aún más complejas, pues la espera sería hasta el 2012.

Con ello, la palabra empeñada por el Sistema de Empresa Pública (SEP) de dar prioridad al mejoramiento del puerto local se vino al suelo, debido a la delicada situación que vive el mundo en materia económica. Esta coyuntura se tradujo en una rebaja de 98% en el precio del flete, lo que mantuvo a más de 200 buques parados en el mundo durante 2008. Ello hizo replantearse a los distintos interesados en participar de las concesiones, la viabilidad de desembolsar recursos millonarios en un negocio que no pasa por sus mejores momentos.

La noticia, como lo ha hecho desde su génesis, dividió aguas en distintos estamentos relacionados con el ámbito marítimo, pues mientras unos aplaudieron la decisión del Ejecutivo, otros anunciaron paralizaciones.

En el caso del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Portuaria de Coquimbo (Epco) y quienes se han opuesto tenazmente a la participación de privados, esgrimieron que era una determinación que se veía  venir. “Es algo que conocíamos y que sabíamos que ocurriría, pues el Estado no podía llamar a licitación por la judicialización que ata el proceso. Fue una buena salida política”, señaló el presidente del organismo, Patricio Contreras.

El dirigente -incluso-, da por hecho que será el Estado el que debiera incentivar nuevos planes de modernización. “Es el Gobierno el que debe invertir (...) Es momento que nuestras autoridades definan hacer las inversiones para que el puerto de Coquimbo se potencie, ya que no podemos esperar hasta el 2010 ó 2011 para un dolphin”.

En cuanto al traspaso de la responsabilidad de abrir un nuevo proceso licitatorio a la próxima administración, Contreras asegura que antes del 2012 no habrá obras. “Está claro que será analizado por el próximo gobierno que, sea quien sea, nunca lo hará antes del 2012”, acotó.

Durante esta “lucha”, uno de los principales apoyos que recibió el Sindicato de Epco fue el Frente de Defensa del Puerto de Coquimbo, que agrupa a entidades sociales, políticas y sindicales de la comuna. El ente mostró su conformidad con el atraso de la concesión. “Celebramos que haya sido la ciudadanía, activa y organizada, la que esté influyendo en la toma de decisiones de las estructuras centralizadoras de poder, pues ha llegado el tiempo que la regionalización y descentralización se alcance más aceleradamente a partir de la participación de la comunidad como actor relevante en el control social”, decía el escrito.

“Hay que destacar la valiosa participación de la ciudadanía porteña, en asumir de manera responsable la defensa del terminal portuario de la región”, sostuvo el Sindicato de Epco también a través de un comunicado.

La palabra de Rengifo. En la otra vereda se encuentran los operarios eventuales, es decir, aquellos que sólo prestan servicios al momento de atracar una nave. Fue este grupo de más de 600 personas que aboga por una pronta entrada de capitales particulares, quienes se pusieron en contacto con el director de SEP, Andrés Rengifo, quien les confidenció que el 2009 el único terminal que se licitaría sería Coquimbo. Y es a esa palabra empeñada a la que apelan.

“Las concesiones son leyes de la República, por lo que no podrían verse adulteradas. Las informaciones que existen son antojadizas y no se apegan a la normativa”, precisó el presidente del Sindicato de Estibadores y Eventuales, Nelson Santander.

Esa misma disposición mostró el timonel del Sindicato de Movilizadores Portuarios, David Valdivia, quien al igual que Santander, estuvo reunido con Rengifo. “Nosotros queremos que la actividad del puerto se mantenga y para ello es vital que se concesione. No podemos seguir operando sólo tres meses al año”, sentenció.

Si bien su postura es esperar una versión oficial por parte del Ejecutivo, pretenden no dormirse en los laureles y anuncian algunas acciones a seguir. “Estamos organizando paros, porque no estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados durante nueve meses”, aclaró Valdivia.

En tanto, Nelson Santander, mantiene firme su postura de no dar a lugar compensaciones ni mitigaciones. “Coquimbo carece de trabajo y si no hay interesados, debemos ver qué podemos hacer porque no deseamos compensación ni jubilaciones, sino que estabilidad laboral”, manifestó.   

Proceso sigue en curso. En el Gobierno hubo opiniones de distinta índole. Una de ellas fue la expresada por el gerente general de la Empresa Portuaria de Coquimbo (Epco), Miguel Zuvic Mujica, quien prefirió hacer caso omiso a las suposiciones de suspensión del proceso, pues hasta el momento ninguna fuente oficial se ha referido al tema para confirmar o negar las apreciaciones.

“Nosotros como empresa estamos a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Libre Competencia, por lo que una vez conocida esa posición el directorio tomará una decisión al respecto y evaluará los pasos a seguir”, añadió Zuvic. En cuanto a si se habían sepultado las esperanzas de ver una modernización en el corto plazo del terminal, Zuvic aclaró que el proceso seguía en marcha.

Durante el 2010, el puerto deberá hacer frente a un aumento en su capacidad de carga, pues de las actuales 300 mil toneladas que moviliza al año, aumentará a un millón de toneladas. Una de las actividades que necesita de condiciones apropiadas para la exportación de sus productos es la fruticultura.

Eso sí, el seremi de Agricultura, Cristián Sáez, respetó la disposición mostrada por el Ejecutivo de frenar las inversiones. “Es una política de Estado y si nuestro Gobierno toma una posición distinta, debemos acatarla”, aseveró.

Agregó que “lo que no debe ser objetable es que el puerto requiere una modernización para hacer frente al aumento del volumen de exportaciones proyectadas por las más de 7 mil hectáreas en formación de uvas, paltos y cítricos, las que han incrementado el embarque por dichas instalaciones”.

Quien sí pidió revisar los planes de adjudicación de sitios marítimos fue el diputado Marcelo Díaz, de manera de implementar nuevas resoluciones para mejorar la infraestructura. “Es una decisión correcta, que va en la lógica de no seguir restándole funciones al Estado, que a veces son vitales”, dijo.

Fuente: El Día de La Serena

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