El puerto de Montevideo no solo está agitado y convulsionado por la intensa actividad que caracteriza a la principal terminal portuaria del país. Los dos principales operadores privadas de contenedores del puerto (Katoen Natie y Montecon) “mueven sus fichas” ante la Administración Nacional de Puertos (ANP) para proteger sus intereses y consolidar su protagonismo a futuro. En el medio, el gobierno de Uruguay debe tomar definiciones con el riesgo de enfrentarse a juicios y el desafío de elevar la productividad del puerto. 

La disputa entre los privados –con la ANP de por medio–  cobró protagonismo en el acto que realizó el operador privado de los muelles públicos Montecon, cuando arribó el mega buque OOCL Quingdao, el mayor que que amarró en el puerto capitalino. En esa oportunidad, ejecutivos de Montecon volvieron a insistir ante la autoridades del Ejecutivo para que diera luz verde para el uso de grúas pórticos en esa área portuaria. Hasta ahora, Montecon está autorizado a operar con grúas móviles que tienen un rendimiento menor respecto a las pórtico, que hoy solo utiliza la terminal especializa de contenedores TCP, cuya mayoría del paquete accionario está en manos de la firma belga Katoen Natie (80%), mientras que el restante 20% pertenece a la propia ANP. Precisamente, para Katoen Natie la solicitud de su principal competidor del puerto de Montevideo no se ajusta a la normativa y no descarta recurrir a un juicio para defender los derechos que obtuvo al imponerse en la licitación ralizada en 2011 para operar una terminal privada especializada en contenedores, y por la que paga un canon anual.  En la otra vereda, Montecon acusa a TCP de querer consolidar un “monopolio” y no permitir la competencia.

El presidente de la ANP, Alberto Díaz, admitió que dada la magnitud que tienen las empresas involucradas (Katoen Natie y Montecon), cualquier movimiento genera “ruido”,  sobre todo si sus posiciones comienzan a salir en los medios de comunicación como ocurrió en los últimos días. “A los dos les reconozco su legítimo derecho de elevar sus aspiraciones, tanto la extensión de la concesión de TCP como la posibilidad de utilizar grúas pórtico por parte de Montecon”, precisó el jerarca.

Según reconoció Díaz, se trata de “resoluciones que no son sencillas” y que el directorio aún no trató formalmente porque son los equipos técnicos del ente quienes, en primera instancia, están evaluando estos pedidos. Asimismo, precisó que en cualquiera de los dos casos la decisión deberá contar con la autorización del Ministerio de Transporte, aunque reconoció que a la ANP le “interesa” resolver en el menor tiempo posible estas solicitudes.

Respecto a la solicitud de Montecon para el uso de grúas pórticos, el titular de la ANP indicó que al ente le interesa que “exista coherencia” con el marco legal vigente. En ese sentido, recordó que no solo hay que tener en cuenta el decreto que une la concesión de TCP con el gobierno, el tratado de inversiones entre Uruguay y Bélgica y el desarrollo que el ente portuario pretende impulsar en un futuro. “En primer lugar, tenemos que valorar si existe razón legal al pedido (de Montecon) y luego la oportunidad”, explicó Díaz. Sobre este último aspecto, señaló que el “puerto debe mejorar su productividad en todas sus operaciones y no puede quedarse estancado con un rendimiento menor y desconocer la realidad”, afirmó.

Advertencia

Que la ANP deje entreabierta la posibilidad de otorgar el uso de grúas pórticos a Montecon fue duramente cuestionada por las autoridades de Katoen Natie, a tal punto que su gerente general en Uruguay, Karl Hunts, declaró este mes que su empresa se siente “engañada” por el Estado uruguayo. Para el gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie, Fernando Correa, el Plan Maestro del puerto de  Montevideo de 2001 es “claro” y en ningún momento se manejó que un operador privado pudiera operar por grúas pórticos en los muelles públicos.

“Esta grúas solamente debían utilizarse en las terminal especializa de contenedores (TCP). Esa fue la base que se definió para la firma de la concesión”, recordó Correa. “Montecon no puede especializar un muelle público que es multipropósito. Sí queremos la mejor tecnología en contenedores, ¿por qué no dar la misma tecnología para granos, por ejemplo?, se preguntó Correa.

Para Katoen Natie, en caso que el gobierno acceda a dar la concesión de las grúas pórtico a Montecon, la empresa “corre el riesgo” de perder la concesión de TCP sin “ningún tipo de reclamo” y “perder” los US$ 200 millones que invirtió en esa terminal. Katoen Natie está obligada a captar entre el 70% y el 90% del movimiento de contenedores del puerto. Si durante un período de tres años consecutivos no llega a esos porcentajes, pierde la concesión automáticamente, recordó Correa.

En tanto, consultado sobre la posibilidad de que la empresa pueda iniciar acciones legales contra el Estado uruguayo, el funcionario advirtió que la empresa pujará por “defender sus intereses” y recordó que el gobierno tiene la obligación de brindarle toda la información sobre una decisión que pueda incidir en la operativa de la empresa a futuro. “Katoen Natie va a defender sus derechos, sin dudas”, alertó.

Montecon pide libre competencia para operar

El operador de contenedores en los muelles públicos de la ANP, Montecon, reivindica su derecho a utilizar las grúas pórticos. Su gerente general, Juan Olascoaga, dijo que cuando las mismas no se utilizan se pueden correr hasta la punta de los muelles y operar con otro tipo de carga como graneles con cinta sin ningún tipo de problemas. “La ANP tiene que promover la libre competencia y la competitividad entre los dos operadores. Si Montecon no puede instalar grúas pórtico, en un futuro no podrá atender los grandes barcos que arribarán a los muelles públicos”, alertó Olascoaga. Para el ejecutivo, de no promoverse una mejora en la productividad de los muelles públicos, se estaría abriendo el camino hacia un “monopolio” en el movimiento de contenedores.

Montecon viene insistiendo desde el año 2001 con el pedido para utilizar grúas pórticos  en los muelles públicos pero ha encontrado, hasta ahora, la negativa de los servicios jurídicos de la ANP. En 2010 se realizó una licitación para permitir el ingreso de un nuevo operador de contenedores que quedó desierta.

Fuente: El Observador, Uruguay