Lunes, 14 de Octubre de 2019 | ISSN 0719-241X
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13 de Junio de 2006 Chile sale al mundo a defender el jurel Cita en Nueva York

Bien le fue a Chile en la Conferencia de Revisión del Acuerdo de Pesca de Nueva York (1995), efectuado la semana del 22 de mayo en la sede de Naciones Unidas. El texto definitivo estará disponible en pocos días más, pero los países latinoamericanos, incluido Chile, lograron introducir párrafos con los temas que llevaban consensuados luego de un trabajo de años, y recogidos en la Declaración de los países de América Latina y El Caribe.

Chile, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, no es parte del Acuerdo de Pesca de NY, referido a la aplicación de las disposiciones de la Convención del Mar (Convemar), sobre la conservación y ordenación de las poblaciones de peces tranzonales y las de altamente migratorios. Y precisamente, allí esta el centro del interés nacional.

“Nosotros llevamos una posición como Estado costero y del puerto. Somos pescadores de una de las más importantes poblaciones de peces tranzonales -el jurel-; y migratorias -la albacora-. Nuestra posición buscaba fortalecer ello ante los Estados miembros”, dice el subsecretario de Pesca, Carlos Hernández, quien presidió la delegación chilena desde el tercer día de labor.

“Era una conferencia relevante, porque el Acuerdo de Nueva York tiene una importancia creciente en el mundo. Hay indicadores que diversos países, incluso Estados Unidos, lo desean así. Contiene principios para nosotros trascendentes, como criterios de precaución, medidas de conservación y otros”, evalúa Luis Felipe Moncada, gerente general de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), integrante de la delegación chilena.
    
Búsqueda de socios
    
Chile, tal como gran parte de los países del mundo, no ha suscrito el Acuerdo, que a la fecha ha logrado incorporar como miembros a 57 Estados. Precisamente, tan baja membresía es lo que ha llevado a la ONU a exhortar a su adhesión, igual que a concretar medidas de conservación y ordenamiento de las poblaciones de peces a que se refiere. Según el subsecretario Hernández, no en balde el tema pesquero es prioritario en la agenda internacional: año a año decaen los volúmenes de pesca, y cada vez más aumenta el grado de conflicto.

El artículo 36 del Acuerdo indica que tras cuatro años de la puesta en vigencia se debía efectuar esta conferencia de revisión que, en la práctica, se concretó pasados los cinco años.

Para enfrentar esta conferencia de revisión, Chile trabajó internamente en una comisión amplia creada por el ex subsecretario Felipe Sandoval en 2004. Como la postura del país no bastaría por sí sola, se buscaron alianzas con otros países de la región, que se tradujo en la declaración conjunta fraguada durante la reunión de la Organización Latinoamerica (OL) de Pesca en México a comienzos de este año, y se terminó de afinar en marzo en la capital peruana durante la reunión conjunta de la OL de Pesca con la Comisión Permanente del Pacífico Sur, de la que Chile es parte.

Estos países elaboraron un documento que se llevó a la Conferencia de revisión, en Nueva York en nombre de las misiones permanentes de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, México y Perú.
    
Pesca descontrolada
    
En la cita se enfrentó la posición de los Estados miembros, que aspiraban al mínimo de modificaciones del Acuerdo, y la de los no forman parte, especialmente el bloque latinoamericano, que sí aspiraba a cambios. Las modificaciones se centraban en seis o siete puntos. Los primeros los planteó Chile, por cuanto se trata de aspectos esenciales para el país. Uno es el completo reconocimiento de que el Acuerdo se interpretará y aplicará en el contexto de la Convemar y de manera acorde con ella.

El segundo, que el Estado ribereño no está obligado a aplicar medida alguna dentro de sus 200 millas que menoscabe el libre ejercicio de sus derechos en ella. Tercero, dejar claro que la pesca en alta mar debe realizarse teniendo en cuenta y con sujeción a los intereses, derechos y deberos de los Estados ribereños.

Luis Felipe Moncada reconoce que pese a que todo lo anterior se expresa en lenguaje técnico, es muy concreto. Esta última cuestión significa, por ejemplo, que Chile, en aras de proteger el jurel, tomó a partir de 1997 medidas muy drásticas, que han afectado especialmente a la zona centro sur y que paralizó 99 barcos y a lo menos tres plantas de reducción.

El problema radica en que, en la alta mar adyacente, cada vez más ha crecido la actividad de barcos factorías de flotas distantes que no están sujetos ni a control del esfuerzo ni al número de naves, ni a tallas mínimas. “Hemos sostenido que es inútil el tremendo esfuerzo de Chile, que conlleva pérdida de inversiones y puestos de trabajo -con todo lo que eso ha significado para nuestro país- si de manera sistemática llegan barcos que pescan ‘por la libre’ sin ningún control”.
    
Soberanía en puertos
    
Otro punto de la Declaración es que el Estado rector del puerto tiene plena soberanía sobre sus terminales marítimos, incluyendo la posibilidad de establecer restricciones a su uso cuando se presenten actividades pesqueras incompatibles con las medidas vigentes en la Zona Económica Exclusiva. Es decir, si Chile -u otro país ribereño- ha establecido normas de conservación a sus connacionales, puede establecer restricciones para el uso de sus puertos a barcos que no respeten esas exigencias en la alta mar.

Otro concepto planteado a través de la Declaración Latinoamericana es el de “interés real”, que debe ser invocado por los países que quieren ser parte de un acuerdo de conservación en alta mar. La posición latinoamericana es que, sin perjuicio de ello, las decisiones sobre las medidas de conservación debían ser adoptadas por los Estados ribereños y los que pescan (de aguas distantes).

México colocó la idea de evaluar y revisar los temas de inspección y abordaje -sobre visita e inspección en zonas de alta mar abarcadas por una organización o un arreglo subregional o regional de ordenación pesquera- y Perú el concepto de que los criterios para administración de los recursos pesqueros deben respetar los intereses, derechos económicos y sociales de los Estados ribereños. También se aceptó un tema planteado por Bolivia, referido a que debe tenerse en cuenta los intereses de los Estados en desarrollo de las regiones y subregiones, incluidos los países sin litoral.

Un concepto final adjuntado por Chile fue que la conferencia debía reafirmar el principio fundamental de compatibilidad expresado en la Convemar y el Acuerdo, que se debía asegurar que las medidas aplicables en alta mar o ausencia de ellas no menoscabaran la eficacia de las medidas aplicadas en la Zona Económica Exclusiva.
    
Polémica con China: ¿Cobre por jurel?
    
El tema de la pesca de jurel por barcos extranjeros en el límite de las 200 millas (con ocasionales intromisiones dentro de la Zona Económica Exclusiva) fue denunciado con fuerza por el sector laboral de la pesca industrial de esta zona, agobiado por los miles de cesantes que dejó el ajuste de las empresas para adecuarse a las medidas de conservación que implantó el Estado.

Todavía son críticos de cómo el gobierno ha conducido el tema, especialmente con China. Oscar Alvear, presidente de los oficiales de alta mar, dice que llevan meses en silencio, sin comentarle a nadie que ven barcos operando porque la autoridad sectorial anunció que descontaría de la cuota autorizada a los nacionales lo que pescaran los extranjeros.

 Hugo Roa, de la Multisectorial del sector pesquero, que participa en la comisión de la Cancillería que ve el tema de las naves chinas, recuerda que lo último que dijeron los asiáticos era que se comprometían a cooperar en la conservación, pero en ningún caso a disminuir su esfuerzo. Cree que ya deben ir por las 200 mil toneladas faenadas y dice que les preocupa sobremanera que el gobierno no haya tenido una postura firme frente a los chinos, aunque siente que, tal vez, pesa demasiado que “gracias a ellos tenemos tan buen precio del cobre”.
    
Conversaciones bilaterales: La tarea no ha terminado
    
El subsecretario Carlos Hernández recalca que para el país era importante esta Conferencia, para reforzar la posición chilena sobre el respeto a las medidas de conservación que se aplican a las pesquerías y que podrían ser dañadas por la explotación que realizan naves de otros Estados en la mar aledaña.

“Logramos poner algunos puntos en relación al respeto de las medidas de protección dentro de la ZEE, la responsabilidad del Estado del puerto. Sacamos buenos resultados dentro de lo estrecho de las posibilidades que generaba esta conferencia, y del hecho de no ser nosotros parte de ella”, destaca.

Consultado qué ocurre con las conversaciones bilaterales con China, cuya flota de unos 10 barcos factorías explota, aproximadamente, 137 mil toneladas faenadas (China no es miembro del Acuerdo), reconoce que no se ha hecho la última reunión y que es una decisión que hay que tomarla en el futuro próximo. “Lo que había que hacer ahora era agotar esto de la cita de Nueva York y entrar en un proceso más amplio. Se trata de un proceso que continúa en otros foros”, recalca.

Hernandez asegura que, a corto plazo, se formará un grupo de trabajo específico que no sólo verá el tema del acuerdo, sino todo el contexto internacional.
 
Fuente: El Sur

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