Diferentes sectores en Costa Rica están alarmados ante la posibilidad de pérdidas millonarias en una nueva obra por concesión. Se trata del muelle del puerto de Moín, que el Estado otorgó a la empresa holandesa "APM Terminals", la única compañía que presentó una oferta. APM Terminal iniciará las obras de construcción en enero del 2013.

Para Manrique Oviedo, diputado del opositor Partido Acción Ciudadana (PAC), la concesión del muelle de Moín fue irregular debido a que “se postergó diez veces la fecha límite de recepción de ofertas y además se le acomodó la licitación como traje a la medida. Son varias fallas y lo más preocupante es que no es una falla aislada sino que es una reiteración de modelos, mantienen un “modus operandi” similar. En este caso en particular se le hicieron diez modificaciones al contrato original para que se fuera ajustando a los requerimientos de un único oferente”.

Paul Collie, director de desarrollo de negocios para las Américas de APM Terminal, dijo que trabajan desde hace dos años para obtener la concesión y están seguros de contar con suficiente carga para hacer viable un proyecto de esta magnitud. Para Collie, esto se une a que durante muchos años Costa Rica no ha invertido en el sector portuario y el gobierno vio una oportunidad para abrir una licitación internacional, en la que participaron, ganaron e invertirán casi mil millones de dólares.

Más opositores

El Sindicato de Junta Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica, JAPDEVA, actual entidad administradora, también denunció irregularidades en la concesión. Igualmente, la Cámara Nacional de Bananeros solicitó ante la justicia la anulación del contrato para la construcción del nuevo megapuerto. Los bananeros alegaron que la Administración sacó a concurso un pliego que carece de estudios técnicos que ratifiquen la viabilidad del proyecto. Aducen que la concesión, otorgada al gigante holandés, obligaría a los productores a pagar tarifas 130% más caras de las que pagan actualmente.

Para el opositor PAC, la concesión se convertirá en monopolio, ya que el gobierno de Costa Rica accedió a la solicitud de la empresa APM Terminal de otorgar todo el transporte de carga. Para que no parezca una exclusividad, se indica que le otorgan la especialización de la carga, lo que a todas luces es contrario a los intereses de la nación, añadió el diputado. Esa afirmación la desmintió el Collie y confirmó que la Sala Constitucional les dio la razón, ya que no se responsabilizarán del transporte de todas las exportaciones costarricenses.

Según el diputado Oviedo, la Junta de Administración Portuaria es complaciente y se extralimita al aceptar modificaciones de parte de la empresa holandesa después de abrir la oferta técnica y económica. Aceptó 15 modificaciones al cartel de licitación: el Estado costarricense deberá gestionar todos los permisos ambientales, los permisos de salud, los estudios de impacto ambiental, declarará el proyecto de interés público; de lo contrario se atiene a la demanda o a resarcir a la empresa por pérdidas ocasionadas por eventuales retrasos. De acuerdo con APM Terminal, la Ley de Concesiones permite la introducción de modificaciones.

Debilidades en el modelo de concesión

El recelo por la forma de adjudicar las obras en concesión no solo es del Partido Acción Ciudadana, sino también de otras agrupaciones políticas, como consta en las actas de la Comisión Especial del Congreso que investiga y analiza todos los Procesos de Concesión que ha otorgado el Estado Costarricense.
En la comisión parlamentaria quedó claro que el Estado falló en la fiscalización de otras concesiones. Por ello, ahora como parte de esas medidas aclaratorias en el cartel del oferente se establece un equipo técnico especializado de consultores pagado por APM Terminal.

El modelo de concesión no convence a muchos, ni en la Asamblea legislativa ni en la sociedad. Y así lo expresó Oviedo. “De lo que yo tengo total y absoluta certeza en este momento es que el Consejo Nacional de Concesiones no tiene la capacidad técnica para fiscalizar y continuar adelante con una obra de esta magnitud. El operador solicitó el nombramiento de un equipo técnico capacitado que se dedique exclusivamente a la terminal de contenedores de Moín, financiado con fondos del operador, lo que despierta sospechas en el ámbito político. El representante de la empresa holandesa manifestó que ese procedimiento se hace para garantizar el éxito del proyecto y por eso otorgarán 300 mil dólares.

Además Collie aclaró que, respecto al estudio de impacto ambiental, contratarán sus propios consultores, un gerente de medio ambiente de la misma empresa para trabajar en conjunto con la Secretaría Técnica Ambiental, SETENA, para cumplir con las leyes y regulaciones de Costa Rica, además de las normas internacionales. APM Terminal asegura que construirá el muelle con el mínimo impacto. Agregó que por cuenta de la empresa habrá ingenieros de una conocida firma de Estados Unidos. “Nosotros tenemos nuestros propios ingenieros y el gobierno va tener sus ingenieros, eso es normal en un proyecto de esta magnitud. La suspicacia surge cuando esos ingenieros serán pagados también por la misma concesionaria”.

Ante estas declaraciones, el Partido Acción Ciudadana desconfía de las actuaciones de los negociadores costarricenses y de la misma Contraloría General de República. “El rol que ha desempeñado la Contraloría en todo el proceso de concesiones ha sido totalmente complaciente con los operadores y esto tiene una explicación muy sencilla: la señora contralora actual, Rocío Aguilar, fue secretaria técnica del Consejo Nacional de Concesiones. Ella fue promotora del actual modelo de concesión y daba charlas en el mundo sobre ese modelo. Abogados y grupos empresariales tienen una relación muy cercana al órgano fiscalizador del Estado”.

La Contralora Rocío Aguilar no aceptó dar una entrevista para referirse a los cuestionamientos del diputado Oviedo, de los sindicalistas y las denuncias de la Cámara de Bananeros. La vocera de Contraloría indicó que para cualquier dato los periodistas deben remitirse a las actas de la Comisión parlamentaria investigadora de las concesiones en Costa Rica.

Collie tiene total confianza en el gobierno, en el Consejo Nacional de Concesiones y en la Contraloría por lo que esperan cumplir con el cronograma estipulado en el contrato. Explicó Collie que firmarán el contrato antes de finales de julio, constituirán la empresa local concesionaria, esperarán el visto bueno de la Contraloría y, a la vez, buscarán todos los permisos en los próximos 18 meses.

Acciones  para transformar el sector portuario de Costa Rica

Según Paul Collie, la congestión portuaria produce altos costos en los fletes, ya que los barcos esperan hasta 24 horas en la bahía y consumen mucho más combustible por la demora e ineficiencia. Se profundizará el canal de 10.5 metros hasta los 16 metros, esto permitirá la entrada de barcos de mayor calado, "también vamos a construir el rompe olas, de unos 2 km de longitud, para evitar el cierre del puerto durante 12 días por motivos del clima. También se instalarán grandes grúas para cargar y descargar barcos", aseguró.

Fuente: Radio Nederland Latinoamérica