En pocas semanas, una corte costarricense decidirá la suerte de un plan para permitir a la gigante holandesa APM Terminals, construir y operar un nuevo puerto en Moín, con un valor de casi US$1 mil millones.
En marzo pasado, los bananeros, preocupados por el hecho de que el plan incremente los costos de exportación de sus productos por un monto anual multimillonario, iniciaron una demanda para impedir al Estado seguir adelante con el proyecto.
Por su parte, el gobierno costarricense dice que al objetar la concesión de las nuevas instalaciones portuarias del Caribe a APM, los exportadores de plátanos se oponen al desarrollo de un puerto moderno y eficiente, así como al bienestar nacional.
En parte, se trata del hecho de que el puerto de Moín, solo puede recibir barcos pequeños, lo cual a mediano y largo plazo implica un alto costo de carga y descarga.
Por cierto, los puertos costarricenses están entre los peores del mundo, en la posición 132 de un total de 139 países evaluados en el Reporte de Competitividad Global, del Foro Económico Mundial, del año pasado.
Tampoco es posible, por las condiciones físicas que prevalecen, dragar esta zona del mar, para permitir el atraque de las navieras más grandes.
El gobierno de Costa Rica, desde la administración anterior, ha insistido en la importancia de la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM), por esa razón, así como por tener una visión más amplia del proyecto.
La TCM, desde la perspectiva del ministro de Transportes, Francisco Jiménez, ayudará a revitalizar Limón, mediante la creación de puestos de trabajo para mano de obra calificada, así como el desarrollo de una zona industrial adyacente al puerto, que atraería inversión extranjera progresiva.
Por su parte, algunos bananeros mantienen fuerte oposición al proyecto, por razones sumamente prácticas.
No tienen nada contra el concepto de la concesión, tampoco problema alguno con la esperanza de que la ciudad de Limón sea beneficiada.
Por otro lado, la entrada en operación de la TCM representaría una pérdida anual millonaria, en comparación con las operaciones actuales.
Por eso, la Cámara Nacional de Bananeros, representada por el abogado Randall Quirós, predecesor de Jiménez en el Ministerio de Transportes, solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo, anular la concesión a APM, alegando que carece de estudios de factibilidad financiera y ambiental.
Las pérdidas anuales colectivas de las bananeras serían entre US$2,8 millones y US$9,6 millones, según el análisis de LA REPUBLICA, con base en los datos de Japdeva, que administra el puerto, y de la Cámara de Bananeros, así como de otros expertos ligados al asunto, que prefieren no divulgar su identidad.
La tarifa que cobraría APM por la carga o descarga de un contenedor de 20 pies, y con la cual está de acuerdo la Cámara de Exportadores, entre otros gremios, sería de US$223.
La tarifa actual oscila entre US$40 y US$180, dependiendo en la fuente, aplicable a una cantidad anual de exportaciones de 67 mil contenedores.
Un tercio del banano del país, aproximadamente, no es exportado en contenedores, de modo que siempre podría ser cargado en el viejo puerto.
Bajo el nuevo régimen, las bananeras del país dejarían de percibir varios beneficios, como el acceso preferencial al muelle, así como el atraque a menudo rápido de los barcos, propiedad de algunas de ellas.
Además, perderían el negocio de llevar la carga de terceros en esas embarcaciones, cuando cuentan con espacio disponible, ya que no podrían ofrecer a sus clientes un descuento, en comparación con los precios cobrados por las demás navieras.
Si fuera el caso de una pérdida promedio de unos $7 millones al año en total, esto representaría el 1% del valor total del banano costarricense exportado el año pasado, o sea $700 millones.
La concesión de la TCM le fue adjudicada a APM el 28 de febrero pasado.
Es la segunda empresa del mundo en cuanto a carga trasegada, y ofreció construir una terminal de 1,5 kilómetros, con un rompeolas de 2,5 kilómetros y una profundidad de hasta 16 metros.
Con este calado, el puerto tendría capacidad de atender barcos de hasta 9 mil contenedores. El puerto actual de Moín puede recibir embarcaciones para no más de 2 mil contenedores.
El arranque de la concesión se dio en abril de 2009 y ya en agosto del siguiente año se estaban recibiendo las ofertas de la única compañía que se interesó en el concurso.
Al principio hubo interés de parte de otras empresas, como Dubai Port, Manzanillo International Terminal Panamá y Hutchison Ports, al final solo el grupo holandés participó.
En diciembre, se declaró admisible la oferta técnica y el 24 de febrero se le dio el visto bueno a la propuesta económica.
No obstante, la turbulencia alrededor de la concesión de la TCM surgió una vez que se produjo la adjudicación.
De manera paralela, el sindicato de Japdeva apeló el trámite de adjudicación ante la Contraloría, en tanto que los bananeros recurrieron al Tribunal Contencioso Administrativo.
El recurso del sindicato se rechazó por , mientras que la acción de los productores de fruta fue elevada a juicio y se espera que el proceso arranque el mes entrante.
Fuente: La República, Costa Rica
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