En una reciente declaración La Cámara Marítima y Portuaria de Chile, CAMPORT, crítico los anuncios referidos a inversiones a través de convenios para ampliaciones de las instalaciones de la Empresa Portuaria de Antofagasta y de la Empresa Portuaria Austral (EPAAsutral de Punta Arenas) mediante aportes del Estado. Si bien la entidad gremial calificó como “valorable” el interés del Estado en mejorar la infraestructura portuaria, destacó que la ley 19.542, “prohíbe expresamente otorgar fondos públicos a las 10 empresas estatales creadas por este cuerpo legal, salvo que se den las mismas condiciones a inversionistas privados”, subrayando que los anuncios de inversiones anunciada no han estado precedidas de la debida difusión, ni han sido comunicadas -ni menos ofrecidas en iguales condiciones- al sector privado. Por esto, “se realizarán acciones tendientes a la investigación y determinación de la juridicidad de estas actuaciones”, anunciaron desde el gremio.
MundoMaritimo ahondó sobre esta temática con el abogado Rafael Durán, socio de Legal Export Abogados y especialista en litigios, derecho marítimo, seguros y comercio internacional, quien comentó que la visión de CAMPORT “es correcta” en términos de apego a la Ley 19.542, que prohíbe que las empresas portuarias estatales reciban recursos del Estado salvo en condiciones que también beneficien al sector privado.
Durán indicó que lo que busca la Ley 19.542 es mantener una igualdad entre el sector público y privado y lo hace de dos formas que concurren en la forma del artículo 20 de la ley. Por una parte, explica, se permite a las empresas portuarias obtener créditos, subsidios, fianzas o garantías del Estado siempre que ello sea posible para el sector privado y en igualdad de condiciones. “Es una norma muy general y su espíritu es bastante claro, por lo que debe velarse por el cumplimiento de ella para no perjudicar al sector privado”.
La otra fase de la norma, destaca el abogado, “es que las empresas portuarias estatales no pueden otorgar subsidios o subvenciones de ninguna naturaleza a las inversiones de terceros en los puertos y terminales de su competencia”.
Según la declaración de CAMPORT, expone, “existe duda respecto a si estas inversiones cumplen con la Ley 19.542” y remarca que “si no se ofrecieron los mismos beneficios al sector privado o no se siguieron procedimientos transparentes, está ciertamente fuera de norma. Esto subraya la necesidad de mayor claridad en cómo se implementan y comunican estas decisiones”.
Legislación actual y facilitación de la inversión
Si bien Durán sostiene que la actual ley portuaria ha facilitado en las últimas décadas la inversión de más de US$2.000 millones en los puertos estatales, afirma que “la prohibición de aportes estatales directos puede ser una barrera para la inversión en puertos menos rentables”.
Al ser consultado respecto de si la actual ley favorece o perjudica a aquellos puertos que tal vez no representan una buena opción de inversión para el sector privado, el abogado sostiene que “la ley actual perjudica a los puertos que no son atractivos para el sector privado, ya que limita los aportes estatales directos. Esto dificulta la modernización o el desarrollo de infraestructura en áreas menos rentables, pero estratégicamente importantes para el desarrollo regional”.
En cuanto a ¿cómo una nueva ley portuaria podría favorecer la inversión en los puertos de Chile, especialmente en aquellos que no implican buenos retornos para el sector privado, Durán indica que “una nueva ley podría incluir mecanismos para permitir inversiones estatales directas en puertos estratégicos, pero menos rentables. Esto podría lograrse mediante:
“Impasse pudo haberse evitado”
Al reflexionar en torno a la disconformidad expresada por CAMPORT, señala que ésta “refleja la necesidad de mayor transparencia y cumplimiento normativo en la asignación de recursos estatales. Este impasse podría haberse evitado mediante un diálogo abierto entre el Estado, el sector privado y las empresas portuarias, asegurando que las inversiones se implementaran dentro del marco legal y que se comunicaran de forma clara y equitativa. Esto no sólo fortalecería la confianza entre las partes, sino que también garantiza el desarrollo equilibrado del sector portuario”.
Desarrollo portuario
El abogado indica además que CAMPORT ha apuntado una serie de desafíos que enfrenta el desarrollo portuario en Chile, entre ellos: La falta de actualización de planes maestros y calendarios de inversión en los puertos públicos; la ausencia de infraestructura adecuada para enfrentar la creciente demanda, las altas tarifas de servicios marítimos y la falta de claridad en los pagos asociados a la Tarifa de Uso Portuario.
Ante esto, indica, la asociación gremial ha propuesto, entre otras medidas: actualizar los planes maestros portuarios; mejorar los accesos y conectividad; reducir tarifas y costos; revisar y racionalizar las tarifas para atraer más operadores privados, llevar a cabo una modernización tecnológica y regular el uso de suelo costero.
Por MundoMaritimo
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