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Grupo Claro pedirá eliminar restricciones a negocio portuario

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Grupo Claro pedirá eliminar restricciones a negocio portuario

Así lo señala gerente general de SAAM
Edición del 04 de Agosto de 2003

La compañía Sudamericana, Agencias Aéreas y Marítimas (Saam), filial del grupo naviero que controla el empresario Ricardo Claro -que opera cuatro de los seis terminales portuarios que se han licitado en el país-, pedirá que se revise el esquema que rige a ese sector. Y pretende hacerlo cuando venza el plazo de cinco años dictado por la Comisión Resolutiva Antimonopolios -que se cumple en noviembre del próximo año- el cual impuso una serie de restricciones al grupo naviero .

El gerente general de Saam, brazo portuario de la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), Alejandro García-Huidobro, afirmó que a la firma le inquietan las trabas fijadas en materia de integración vertical y horizontal, ejecutadas poco después de que estos activos fueran traspasados a privados, a fines de 1999. Estas impiden a los operadores participar en nuevas licitaciones en la región donde operan puertos concesionados (horizontal) y limita la participación accionaria a actores relevantes dentro de un mismo terminal (vertical).

Saam firmó el contrato de concesión para los puertos de San Vicente y San Antonio en noviembre de 1999, los que empezaron a operar el 1 de enero de 2000. Para ganar la licitación, el grupo Claro desembolsó cerca de US$ 170 millones. Si bien en un comienzo adquirió el 60% de San Antonio, debió ceder una parte de dicho porcentaje para cumplir el dictamen del órgano antimonopolios. Hoy, el conglomerado tiene un 40% de San Antonio, la estadounidense SSA un 50%; y el IFC -división financiera del Banco Mundial- un 10%. En San Vicente, en tanto, Saam es propietario del 50%; en Iquique (cuya operación obtuvo el año pasado) controla un 60%; y en Antofagasta, el 100%.

"El desarrollo de este rubro es la mejor prueba de que no se requería imponer esas barreras. Pensar que se atenta contra la competencia por los porcentajes accionarios que uno tenga en determinada empresa es no conocer el negocio naviero", aseguró el ejecutivo. Agregó que "queremos tener la libertad de movernos en el porcentaje accionario, sin tope hacia arriba o hacia abajo", dejando en claro que la resolución que más les molesta es la relativa a la integración vertical.

El dictamen

Según él, debido a que las grandes operaciones portuarias ya fueron licitadas, se podría gatillar una importante baja en los precios de los terminales que todavía falta traspasar a terceros. "Esto obligatoriamente traerá una baja en los costos y, consecuentemente, en las tarifas, sin que uno tenga las herramientas para defender su puerto", sostuvo.

En la V Región restan por licitarse los espigones de Valparaíso y San Antonio, a cuyas propiedades el grupo Claro sólo puede ingresar con un 15%.

El presidente del Sistema de Empresas Públicas (SEP), Carlos Mladinic, aseguró que la posibilidad de introducir cambios en el modelo autorizado hasta el momento -específicamente en lo relativo a las restricciones a la integración vertical y horizontal- "no es resorte nuestro, sino que de la Comisión Antimonopolios, que fue el ente que estableció estas limitaciones". En todo caso, reconoció que un lapso de cinco años es un plazo "más que aceptable para revisar a esta industria, pero me parece que no todos los puertos son iguales".

El sistema

A pesar de los reparos iniciales, los operadores privados del sector portuario no tienen críticas a la forma en que se puso en marcha el modelo implementado durante el gobierno del ex Presidente Eduardo Frei. "Los cuatro terminales en disputa fueron adjudicados luego de un impecable proceso de licitación, en el cual participaron los operadores globales más relevantes del mercado mundial y varios operadores nacionales", afirmaron en TPS, la sociedad del grupo Von Appen que administra el puerto de Valparaíso. A pesar de ello, en la filial de la naviera Ultramar, dicen que habría que revisar lo relativo a la legislación laboral en los puertos.

Fuente: La Tercera

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