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31 de Marzo de 2014 "Este fallo produce incertidumbre sobre la validez de los derechos medioambientales" Miguel Sepúlveda, gerente general de FCAB

Quedan pocas semanas para que la Corte Suprema determine el destino final del proyecto del galpón de acopio de concentrado de cobre. Dos grupos esperan con ansiedad el veredicto. Por un lado las tres empresas involucradas en la millonada iniciativa: ATI, Minera Sierra Gorda y FCAB. Por otro, el Colegio Médico, políticos locales y vecinos que se sienten perjudicados con la presencia de este galpón.

Quien tiene la ventaja actualmente es la “facción ciudadana”, ya que la Corte de Apelaciones anuló las resoluciones de impacto ambiental entregadas por separado a las tres empresas.

De esta manera, el tribunal cuestionó el procedimiento mediante el cual la Comisión Regional del Medioambiente autorizó las resoluciones.

Cabe recordar que el proyecto estaba en plena ejecución al momento de presentarse el recurso de protección contra el galpón por parte del arquitecto Emile Ugarte: la estructura de fierro estaba construida en gran parte y ferrocarriles ya había adquirido los vagones herméticos para transportar el concentrado.

Por lo anterior, las compañías involucradas alegan que el fallo de la Corte de Apelaciones produce una sensación de incerteza para las futuras inversiones.

Miguel Sepúlveda, gerente general de FCAB va más lejos. “Al parecer, de ahora en adelante un inversionista debería considerar que no basta tener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), sino que debería el mismo contratar abogados que presenten un recurso de protección en su contra y luego defenderse. Y si logra ganar en su apelación en la Corte Suprema, recién podría tener cierta tranquilidad para invertir”.

¿Cómo toma el resultado de la Corte de Apelaciones? ¿Esperaba un fallo tan contundente?
En lo que respecta al FCAB, hay que aclarar que nos sometimos voluntariamente el sistema de evaluación ambiental. La sentencia de la Corte de Apelaciones nos deja perplejos ya que en ninguna parte de la misma hace referencia a alguna imperfección en nuestra RCA. En ella no nos acusa de nada ni tampoco dice que podríamos haber hecho las cosas de una manera distinta. Por lo anterior y por la alta tecnología empleada en el transporte, pensamos que la sentencia pudo haber distinguido entre las distintas resoluciones. Pero lamentablemente, por la estructura misma del fallo, al caerse la RCA de nuestro mandante, se cae también la nuestra.

Al insistir en cuestionar la forma y fondo del fallo, sugieren que esto lesiona la certeza jurídica de los permisos, en este caso de la RCA. ¿Qué tan compleja es la lectura de lo ocurrido para los inversionistas y empresas?
En efecto, el fallo al no aceptar que estos recursos fueron presentados en forma absolutamente extemporánea y al cuestionar el proceder del Servicio de Evaluación Ambiental, introduce una enorme incertidumbre respecto de la validez de los derechos medioambientales y daña la “confianza legítima”.

¿Cómo opina respecto del punto de vista de la Corte de Apelaciones respecto a lo dicho en su fallo que los proyectos cuestionados afectan el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación...?
Acá los jueces están dando por hecho que habrá contaminación, lo cual indica que ellos no tuvieron en cuenta el celo y la rigurosidad con que se llevó la tramitación, que llevó a incorporar tecnologías de punta y estrictos procedimientos operacionales diseñados para asegurar a los ciudadanos el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación.

Por otra parte, la misma sentencia de la Corte de Apelaciones descarta esa hipótesis cuando establece que estas declaraciones de impacto ambiental se realizaron “en presencia de todas las autoridades y comunidad en general, lo que demuestra la falta de un interés directo en eludir sus responsabilidades."

Esta percepción de algo oscuro sólo confirma los estudios de la OCDE que muestran que Chile es uno de los países con mayores niveles de desconfianza.

Autoridades

Sierra Gorda y ATI han reiterado los cuestionamientos a las autoridades de la época que hoy lideran la ofensiva contra el galpón. Entre otros, la alcaldesa Rojo, la diputada Paulina Núñez y concejales. ¿Se alinea en la misma perspectiva? ¿Son responsables ellas?
Durante el proceso judicial ha quedado demostrado más allá de toda duda que algunas de las autoridades que ahora nos demandan, no hicieron nada por impedir - en forma oportuna - que estas Resoluciones de Calificación fueran aprobadas durante su tramitación.

Estas autoridades pudieron haber intervenido en el procedimiento administrativo de evaluación ambiental como órgano evaluador, pudieron haber hecho observaciones en el marco de participación ciudadana vigente durante la tramitación del proyecto, pudieron haber presentado una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente, etc. Si realmente hubieran estado preocupadas de la gente a quienes dicen querer proteger, lo debieron haber hecho con las facultades que estaban investidas y en forma oportuna. Si hubieran actuado, se habría evitado esta situación que nos desprestigia como región y perjudica fuertemente a los inversionistas.

¿Por qué sostiene que “falló la región” en este tema?
A mi juicio, la incerteza jurídica y la desconfianza tienen por lejos un efecto más nocivo que el nivel de impuestos a la hora de atraer y retener inversiones en un país o región. Ciertamente la Región de Antofagasta es una región más riesgosa para las inversiones de lo que era antes de este juicio.

También se ha criticado la “integración vertical” del grupo Luksic, con FCAB y ATI, en el negocio. ¿Qué diría de ello?
Esta es una pregunta muy interesante ya que revela un juego que hasta ahora la gente no había percibido y es que la minera Sierra Gorda tuvo la opción de embarcar por Antofagasta o por Mejillones y optó por la primera. Cuando dices “se ha criticado” yo me pregunto ¿quiénes son les que critican? Sólo me puedo imaginar que aquí hay un mal perdedor que se encarga de que agentes introduzcan argumentos que no tienen ninguna relación con las principales preocupaciones de la gente como son la eventual contaminación y la estética del galpón.

En la Segunda Región se da una dinámica competencia entre Antofagasta y Mejillones y ambos puertos tienen acceso por ferrocarril y por camiones. De hecho el ferrocarril mueve mucho más carga desde o hacia Mejillones que lo que hace por Antofagasta. Por lo tanto, las argumentaciones de que la libre competencia estaría afectada son falaces.

¿Qué escenario esperan en la Suprema?
Estamos convencidos de que hemos actuado con estricto apego a la legislación vigente en nuestro país y más aún, como ferrocarril al someternos voluntariamente fuimos más allá de las exigencias legales, buscando que en la interacción con los organismos reguladores que participan en el proceso se mejoraran las condiciones para asegurar a la ciudadanía que no habrá contaminación. Confiamos en que los Ministros ponderarán todos estos los factores y fallaran a nuestro favor.

Fuente: El Mercurio, Antofagasta

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