La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra la empresa Navimag, por haber monopolizado la ruta marítima entre Puerto Montt y Chacabuco, en el sur de Chile, mediante la adquisición de la única nave de carga que le competía en dicho tramo, afectando la libre competencia en el referido mercado. En la acusación, la Fiscalía pide al Tribunal que aplique a la empresa una multa de CLP 641,7 millones a beneficio fiscal (1.000 Unidades Tributarias Anuales, UTA) y que le exija cumplir con una serie de medidas preventivas, correctivas y prohibitivas respecto de la adquisición de dicha embarcación para contrarrestar su posición monopólica.
De acuerdo a la investigación de la FNE, que se inició a partir de una denuncia, el ingreso de GyT, que llegó a ofrecer también dos frecuencias semanales, benefició a los transportistas que utilizaron dicha ruta, mediante un aumento de la oferta disponible, una mejora de la calidad de servicio y una disminución de las tarifas. En efecto, con la entrada de GyT al mercado se produjo una reducción de los precios en los servicios de transporte marítimo en comparación al periodo en el que Navimag fue el único operador de la ruta bidireccional Puerto Montt-Chacabuco. De acuerdo a la FNE, la reducción de precios atribuible únicamente a la entrada de GyT al mercado fue del orden del 9%.
Sin embargo, y en un acto que la FNE cataloga como anticompetitivo, a fines del 2018 Navimag adquirió la embarcación "Coyhaique", único activo que era utilizado por GyT, quedando la ruta 100% bajo su dominio.
Desde la salida de GyT, Navimag ha operado con una sola nave y con sólo dos frecuencias semanales. La FNE también constató que elevó las tarifas al nivel previo al período de competencia con GyT y que redujo la oferta de servicios de transporte marítimo de carga rodada en la ruta.
En el requerimiento la FNE señala que la operación de compra de la nave no superaba los umbrales que hacen exigible su notificación (UF 290 mil de ventas individuales y UF 1,8 millón de ventas conjuntas), pero que sí cambió la estructura del mercado, pues se pasó de dos oferentes a uno en dicha ruta marítima.
“La FNE tiene atribuciones para investigar ilícitos anticompetitivos derivados de operaciones de concentración aún cuando los involucrados en éstas no superen los umbrales de ventas que los obliga a notificar. En este caso vimos con claridad cómo la monopolización de un mercado, mediante la adquisición del único competidor, se tradujo en un aumento de precios y en una reducción de la oferta, que perjudicó a los usuarios del servicio afectado”, señaló el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco.
Al respecto, fuentes del sector calificaron el caso como novedoso, ya que que "la FNE se dirige en contra de un agente económico no por incumplir la normativa de notificación de operaciones de concentración (ya que la operación estaba bajo los umbrales, y por tanto no requería notificarse), sino que porque la operación en sí constituye un ilícito anticompetitivo".
Agregaron que dicho punto, podría considerarse "como que ya estaba previsto en la ley, al señalar en su artículo 48 que la FNE tiene un plazo de un año para iniciar las investigaciones que estime procedente respecto de aquellas operaciones que queden bajo el umbral y no sean notificadas voluntariamente; sin embargo, no dejará de ser relevante la jurisprudencia que se cree al respecto. Llama la atención que pese a tratarse de la creación de un monopolio, la FNE solicite medidas conductuales, y no la desinversión".
Las medidas adicionales solicitadas al TDLC
-Implementar tarifas competitivas, públicas, transparentes, generales, objetivas, motivadas, económicamente justificadas y no discriminatorias.
-Implementar criterios objetivos de priorización de carga, para otorgar certeza sobre cupos disponibles para movilizar carga entre Puerto Montt Chacabuco.
-Prohibir la celebración de contratos que comprometan la capacidad de transporte en la ruta.
-Aumentar la oferta en la ruta, mediante un aumento de frecuencias, una embarcación adicional u otra medida.
-Designar y financiar un experto imparcial e independiente, que sea aprobado por la FNE para que emita un informe anual sobre cumplimiento de estas medidas o las que el TDLC determine.
Por MundoMarítimo
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