En mayo de este año, la prensa alemana hacía el balance de una paralización de ocho días que protagonizaron los maquinistas del metro y trenes de la empresa estatal Deutsche Banhn: US$ 839 millones en pérdidas para la economía alemana, un aumento del uso del automóvil de 15% durante los días de paralización y un aumento del orden de 14% de la contaminación del aire.
Durante esa paralización, los trabajadores implementaron un plan de circulación que permite dimensionar también qué se entiende por funcionar solo con servicios mínimos: no hubo circulación de trenes de corta distancia y funcionó una tercera parte de los trenes de largo recorrido (más de 5 kilómetros).
¿Ese es el tipo de huelga y el esquema de servicios mínimos que la autoridad de gobierno está pensando para Chile? Por ahora, la ministra del Trabajo, Ximena Rincón (DC), solo ha señalado que el proyecto de ley de reforma laboral que se tramita en el Senado buscará adecuar la normativa chilena a las recomendaciones de la OIT en materia de reemplazo en huelga, sin entrar en mayores detalles.
Las declaraciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT, no obstante, entregan algunas luces sobre los estándares a los que alude el Gobierno:
El principio general de la OIT plantea que solo puede restringirse el derecho a huelga cuando se amenazan la salud, la seguridad y la vida de la comunidad.
También este organismo ha señalado que no constituyen servicios esenciales y, por lo tanto, pueden paralizar sin restricciones, los servicios de radio y televisión, los puertos, bancos, servicios de recaudación de aranceles e impuestos, grandes almacenes, metalurgia, minería, pilotos de líneas aéreas, distribución de combustibles, transportes metropolitanos, recolección de basura, frigoríficos, actividades agrícolas, abastecimiento de productos alimentarios, agencia gráfica del Estado, entre otros
Si la normativa chilena recogiera plenamente el catastro de actividades que, según la OIT, pueden paralizar sin reemplazo, los sectores productivos que quedarían expuestos a huelgas totales representarían al menos el 49,53% del PIB. Esto, tomando en cuenta el aporte que estos sectores hicieron a la economía chilena en 2014 según cifras del Banco Central.
Servicios mínimos
En la Comisión de Trabajo de la Cámara, varios parlamentarios de oposición han pedido claridad sobre este tema a los representantes del Ministerio del Trabajo, pero sin obtener una definición muy clara al respecto.
En la sesión del 9 de junio, de hecho, el entonces jefe de asesores del Ministerio del Trabajo, Roberto Godoy -hoy en el Ministerio de Justicia-, señaló que estarían protegidos con equipos de emergencia los servicios hospitalarios, electricidad, abastecimiento de agua, números de emergencia de los servicios telefónicos, policía, servicios penitenciarios, suministro de alimentos en establecimientos educacionales y el control del tráfico aéreo.
La definición de las empresas que no podrán ir a huelga total -sin reemplazo- es uno de los puntos más polémicos del proyecto. De hecho, el 17 de junio, la Cámara de Diputados aprobó la reforma completa, menos el artículo 361, el que disponía que no podrían declarar la huelga los trabajadores que presten servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional.
Según el profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Chile, Luis Lizama, claramente el estatus de actividades como el transporte público o como la recolección de basura no está bien resuelto por el proyecto.
"Lo otro que es rarísimo en este proyecto es que en el Código del Trabajo vigente hay un artículo que permite que el Presidente de la República pueda determinar reanudación de faenas. Ahora (…) se traslada el cuidado de la seguridad de las personas del Presidente al juez laboral", advierte.
Para el abogado laboralista y ex director del Trabajo, Marcelo Albornoz, lo que debería hacer el legislador es establecer un catálogo previo tanto de empresas que no pueden paralizar como de los procesos productivos críticos de las empresas que sí pueden paralizar: "El procedimiento que se plantea ahora en el proyecto es inaplicable, porque es imposible que un funcionario de la DT diga que “este proceso sí, este proceso no”. El Estado tiene que hacerlo a través de sus agencias especializadas, como las superintendencias por ejemplo, puesto que estamos evaluando procesos industriales y no laborales", afirma.
Además, debería reestablecerse, tal como estaba en el proyecto original, un sistema de mediación forzada para buscar acuerdos entre las partes, sobre todo porque en el esquema chileno la huelga es indefinida, dice Albornoz. "El Estado no se puede lavar las manos. A través de su legislación, debe tener alternativas para que la huelga tenga fórmulas de solución", expresa.
Fuente: El Mercurio
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