Tras el paso del Huracán María que arrasó con Puerto Rico, se puso sobre la mesa una vez más la discusión acerca de la Ley Jones, que, emitida en 1920, reserva el cabotaje en EE. UU. a naves de ese país, normativa que fue levantada excepcionalmente en la isla por el presidente Donald Trump, por diez días, con el propósito de asegurar y facilitar el flujo de los productos requeridos para sobre llevar la emergencia.
Según citó un reporte de Platts, el consejo editorial del New York Times señaló que la Ley Jones estaba "estrangulando" la economía de Puerto Rico; un día después el comité editorial de Wall Street Journal dijo que la ley debía suspenderse debido al alto precio de los envíos de energía y alimentos a la isla.
En la contraparte, funcionarios de la administración de Trump habían argumentado que una suspensión de la Ley Jones en Puerto Rico, devastada por el huracán, era innecesaria y, potencialmente, violaba los estatutos legales.
Trump llegó a sostener que una suspensión de la Ley Jones podía ser demasiado peso por levantar, debido a la oposición de la industria marítima estadounidense, e innecesaria, ya que había "un montón de naves por ahí ahora mismo".
Sin embargo, el jueves de la semana pasada, la presión política aparentemente se agudizó y la administración Trump emitió la exención de 10 días de la Ley Jones para todos los productos enviados a la isla, aunque reconoció que la medida probablemente no ayudaría al desastre.
El amplio apoyo de la Ley
En detalle, la Ley exige que los buques que transporten bienes entre puertos de los Estados Unidos sean de bandera estadounidense, construidos y de propiedad mayoritaria de Estados Unidos. Al respecto, el senador demócrata en representación de California, John Garamendi, asegura que sin ella “la industria marítima estadounidense dejaría de existir”.
Agregó que la exención emitida esta semana era innecesaria. No hay escasez de buques con bandera estadounidense para servir a Puerto Rico y no se espera que haya uno, explicó.
El representante republicano por California, Duncan Hunter, cuestionó: "Renunciar a la Ley Jones no hará nada para acelerar la tan necesaria ayuda a los residentes de Puerto Rico", agregando que "espero que la administración reconsidere los hechos y rescinda la exención temporal".
En contra, el senador republicano por Arizona, John McCain, ha sido crítico con esta ley desde hace mucho tiempo. De hecho, presentó un proyecto de ley la semana pasada para eximir permanentemente a Puerto Rico. Un intento que sigue a otros fracasos anteriores al respecto, en 2010 y 2015.
McCain ha dicho que la industria marítima de Estados Unidos- principales patrocinadores de la Ley Jones- ha sido el lobista más poderoso que ha enfrentado en su carrera política. En tanto, la Asociación Marítima Americana, el principal gremio de la industria, solo se manifestó a través de un comunicado de su presidente, Thomas Allegretti, quien indicó que "la carga ha sido entregada al puerto y que buques de la armada estadounidense y extranjeros continúan llegando”, sin referirse a la exención.
Una fuente del gremio señaló que “es difícil hablar en contra de algo cuando la gente está sufriendo”, añadiendo que "creo que, en última instancia, los hechos sobre el terreno demostrarán que esta [exención] no era necesaria".
A diferencia de las exenciones anteriores de la Ley Jones, incluyendo la suspensión temporal que permitió a los buques de bandera extranjera transportar productos refinados después de los huracanes Harvey e Irma, en el caso de Puerto Rico fue solicitada por los legisladores, y principalmente por su gobernador, Ricardo Rosselló, sin que ninguna empresa lo hubiese solicitado.
Argumentos a favor de la exención
La exención de 10 días fue emitida después de que Ellen Lord, subsecretaria del Departamento de Defensa para la adquisición, tecnología y logística, determinara que era "del interés de la defensa nacional renunciar a la Ley Jones", sin ofrecer más argumentos, mientras que y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) se negó a ofrecer más detalles sobre el fundamento de la decisión.
David McCullough, socio de Eversheds Sutherland, representante de los traders de materias primas y proveedores de combustible, dijo que el proceso de aprobación de la Ley Jones por parte del DHS tiene lugar "en una pequeña caja negra", donde la justificación para otorgar o negar una exención puede que nunca llegue a ser pública.
Para John Garamendi, la decisión se basó en la política, pero “¿era necesario porque no teníamos buques?, preguntó. "La respuesta es no, ¿fue necesario debido al clima político ?, aparentemente", sostuvo.
Por MundoMarítimo
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