La Asamblea Nacional aprobó ayer la Ley que Reserva al Estado los Bienes y Servicios Conexos a la Actividad Primaria de Hidrocarburos. El instrumento legal es percibido por las empresas contratistas de Petróleos de Venezuela como una carta bajo la manga a la que apelará el Gobierno en caso de que una de estas compañías amenace o advierta sobre suspender actividades en el país por los pagos que les adeuda Pdvsa.
De esta manera, el Ejecutivo nacional tendrá la declaratoria de utilidad pública sobre los bienes y servicios asociados a inyección de agua, vapor o gas en los yacimientos, los procesos de compresión gasífera, así como las actividades marítimas del sector de hidrocarburos que se realizan en el lago de Maracaibo como transporte de personal, buzos, barcazas con grúa para traslado de materiales, diesel, agua industrial, remolcadores, gabarras planas, boyeras y tuberías, entre otros materiales.
De hecho, cuando el presidente Hugo Chávez le puso el ejecútese a la ley, instruyó al ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, para que se proceda a la toma de 300 embarcaciones que prestan servicios en yacimientos del lago de Maracaibo.
"Si no tenemos control de las lanchas y las embarcaciones no hay manera de que produzcamos petróleo en el lago", dijo el ministro Ramírez, quien también ha señalado que no todas las empresas que prestan el servicio marítimo serán expropiadas. Igual criterio sostuvo ayer el presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional, Ángel Rodríguez, al momento de explicar los alcances de esta ley.
"Siempre que el Gobierno ha tomado este tipo de medidas y en este caso ocurrirá lo mismo se ha llamado a las empresas a conversar", indicó el parlamentario. "Tuvimos la experiencia con un área más neurálgica como los convenios operativos y las asociaciones de la Faja del Orinoco que migraron a empresas mixtas", agregó.
Sin embargo, entre los representantes de las empresas afectadas y abogados expertos en materia de hidrocarburos o de derecho marítimo hay el criterio de que Pdvsa no sólo abre la posibilidad de que se le inicien procedimientos de arbitraje internacional, sino que afronte una situación de deterioro de los equipos que prestan servicio a la industria petrolera en el lago de Maracaibo.
"Si Pdvsa no puede pagar por arrendar embarcaciones, mucho menos por su renovación o por la indemnización si el Gobierno decide concretar la expropiación", afirmó el abogado Aurelio Fernández Concheso, experto en materia de derecho marítimo y arbitraje. "En la actualidad, esa flota que presta servicio al país es relativamente moderna, pero dentro de cuatro o cinco años será obsoleta y afectará la producción de petróleo en el occidente del país", añadió.
Buques a la deriva. Armadores que operan en el estado Zulia consideran que la ley que otorga la posibilidad de expropiar a las empresas contratistas que operan en la zona surge justamente por el temor que hay en Pdvsa de que alguna de estas compañías retire sus embarcaciones y equipos si la corporación no cumple con sus obligaciones de pago.
La alarma viene por las advertencias que en este sentido han hecho algunas de las compañías de transporte emplazadas en el lago de Maracaibo, y por el hecho de que compañías transnacionales como Williams, encargada de la inyección de gas en el oriente del país, haya hecho público que Pdvsa le adeuda 241 millones de dólares.
Fuentes vinculadas con Pdvsa manifestaron que la ley en cuestión dejó por fuera los taladros de perforación porque el desmontaje y retiro de estos equipo es complejo y requiere de mucho tiempo y, sobre todo, experticia, a diferencia de las unidades encargadas del transporte o las que se utilizan para elevar el potencial de extracción de los yacimientos.
También se asegura que la empresa se prepara para enfrentar nuevas acciones de arbitraje internacional.
Fuente: Venmedios, Venezuela
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