La empresa belga Katoen Natie, socia mayoritaria de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), anunció en el Parlamento que gestionará ante el próximo gobierno la cancelación de la segunda terminal de contenedores en el Puerto de Montevideo.
La directiva de la compañía ratificó este miércoles ante la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados que se amparará en el Tratado de Protección de Inversiones entre Uruguay y Bélgica para llevar al Estado uruguayo a un arbitraje internacional con el objetivo de dejar sin efecto el proyecto.
La empresa anunció además que modificará su plan de inversiones en Uruguay porque el movimiento de contenedores no será el mismo en la terminal con un competidor.
En tanto, el sindicato de trabajadores portuarios manifestó su reparo ante los legisladores.
El proyecto de ley que crea la terminal, que recibió la media sanción del Senado el 13 de mayo, recibió criticas por todos lados.
Primero, la empresa belga Katoen Natie ratificó que llevará al Estado a un arbitraje internacional y que accionará en la justicia civil por el dinero que se dejará de recaudar cuando ingrese un competidor al mercado portuario capitalino.
El director de la empresa belga en Uruguay, Joris Thys, dijo ante los legisladores de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados que a raíz de la crisis este año caerá el movimiento de contenedores en 15% o 20% y que si a eso se le suma la perdida de mercado a manos de un competidor en el futuro el plan de negocios de la firma podrá sufrir modificaciones.
En un futuro, con la operación de una segunda terminal, las inversiones proyectadas inicialmente pueden ser relegadas. Este año se realizarán 350.000 movimientos de contenedores y la firma precisa de 700.000 u 800.000 movimientos para justificar algunas inversiones.
Joris Thys declaró que espera que el próximo gobierno pueda desechar el proyecto de construcción de una segunda terminal.
“Vamos a ver qué pasa. Mi opinión que al estar tan cerca de elecciones, tomar decisiones ahora que va a iniciar automáticamente todo un proceso de arbitraje porque es muy pesado, bien preparado lleva a cosas que tal vez el próximo presidente no está de acuerdo o el próximo gobierno lo quería diferente o quería otro ley. Entonces a mí me parece más justo decir que tome la decisión el próximo gobierno”, dijo Thys.
El directivo dijo que cuenta con el respaldo del gobierno de Bélgica en su planteo, pero que no buscará que las autoridades de ese país negocien con el gobierno uruguayo.
El empresario defendió la iniciativa de demandar al Estado y aseveró que la “transparencia” de la Administración Nacional de Puertos en este tema ha sido “cero”.
“ANP tomó algunas acciones que van directamente, económicamente, contra el interés de la empresa donde está socio para motivar a los clientes para salir de esa empresa y construir su propia terminal. Esa es una irresponsabilidad de un accionista que es inaceptable en cualquier empresa”, afirmó Thys.
La empresa planteó que los senadores votaron un proyecto desconociendo algunas cláusulas de las condiciones de construcción de la segunda terminal porque la ANP debe mantener confidencialidad sobre aspectos puntuales del negocio.
El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines también compareció a la Comisión de Transporte junto al dirigente gremial Milton Castellano, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y también cuestionó la construcción de la segunda terminal.
Fueron tres los planteos del gremio: que el Estado tenga participación en la segunda terminal, que estará 100% en manos privadas por 30 años; que no se posterguen por esto otras iniciativas, como el traslado de los pesqueros a Capurro, y que no se dejen de lado obras en el Muelle C; y, por último y más importante, un aspecto relacionado a la mano de obra.
El gremio portuario aseveró que el articulo 4 del proyecto de ley habilita a que el 70% de la mano de obra que se tome sea de residentes. Esto permite, dicen, que las empresas navieras puedan emplear a su personal a bordo para trabajar en la terminal.
A raíz de esto, propusieron a los legisladores que se instituya un registro portuario para que se habilite a trabajar únicamente a quienes forman parte de la plantilla de trabajadores uruguayos. El objetivo es que una eventual demanda de mano de obra se refleje en la contratación de empleados locales.
El planteo tuvo buena receptividad, según dijo Ricardo Suárez, secretario general del gremio.
“Un barco puede traer si así lo quisiera con el simple contrato de trabajo, trabajadores para trabajar en la operación sin siquiera que entren al país. Bajarían en el puerto, trabajarían y esto sería muy grave en las consecuencias”, estableció Suárez.
La empresa naviera Montecon fue la otra firma que compareció a la Comisión de Transporte esta mañana.
La firma había manifestado su disconformidad con algunos cánones establecidos, los que consideraba excesivamente altos. Los montos requeridos, dijeron, le impedirían participar de la subasta que se realizaría a partir de junio de 2010 con la próxima administración.
Fuente: El Espectador, Uruguay
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