El presidente Otto Pérez Molina dijo que la exposición “Mitos y realidades de la Portuaria Quetzal”, efectuada en el Palacio Nacional de la Cultura, no era para defender el usufructo, sino una rendición de cuentas acerca de la situación en que se encuentra esa terminal marítima.
El primer expositor fue el asesor legal de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), Fernando Almendares, quien señaló que no existe la capacidad financiera ni la tecnología adecuada para construir una terminal de contenedores con recursos de la EPQ.
Juan Carlos Paiz, comisionado presidencial de Competitividad, aseguró que el puerto Quetzal cada vez se vuelve menos competitivo en el servicio. “Los buques tienen unos Q70 millones (US$ 8.850 millones) de pérdidas al año debido a las cerca de seis mil 300 horas de atraso que sufren antes de ser atendidos en la Portuaria”, dijo Paiz.
Sin embargo, Julio Esquivel, secretario general del Sindicato de Trabajadores Unidos de la EPQ, dijo que ha habido negligencia de las autoridades de la Portuaria. “Tenemos más del 50 por ciento de maquinaria tirada porque las autoridades no se han preocupado en levantarla”, manifestó Esquivel al final del foro.
El sindicalista indicó que al instalarse la terminal de contenedores de TCQ, con equipos más modernos y ágiles, los buques ya no atracarán en la Portuaria Quetzal.
El abogado José Quesada, quien fue presentado como asesor legal de la EPQ, expuso las justificaciones legales para otorgar el usufructo.
Quesada explicó que no se utilizó la Ley de Compras y Contrataciones del Estado porque, según los artículos 124 y 131 de la Constitución, las entidades descentralizadas y autónomas, como la EPQ, se rigen por sus reglamentos y los contratos por servicio de transporte deben ser aprobados, exclusivamente, por la autoridad gubernativa.
Sin embargo, diputados de la Comisión de Transparencia del Congreso, pese a que no fueron invitados al foro, llegaron al Palacio Nacional de la Cultura con la intención de entregarle al gobernante una carta en la cual aseguran que se señala la ilegalidad del contrato.
La carta, firmada por tres integrantes de la Comisión, refiere que la Ley de Compras y Contrataciones del Estado especifica que la venta y contratación de bienes, suministros o servicios que requieren las entidades del Estado, como la EPQ, se sujetan a esa normativa.
“Exigimos al presidente que destituya al interventor y al subinterventor —Julio Sandoval—, por violentar flagrantemente el estado de Derecho y el ordenamiento jurídico del país, poniendo de manifiesto que en dicho contrato se ha privilegiado el interés particular sobre el colectivo”, afirmó Pop.
Según Lázaro Reyes, dirigente de otro sindicato, “está claro que el Gobierno buscó la manera de evadir el proceso de licitación pública”.
Luego de haber participado en el foro se generaron opiniones a favor y en contra del usufructo a TCQ. Representantes del sector privado se mostraron receptivos a las explicaciones dadas en el foro organizado por el Gobierno.
Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, resaltó el compromiso que adquirió el gobernante de modernizar la Portuaria. “Lo importante ahora es darle seguimiento a la implementación del proyecto”, expuso Zepeda.
Andrés Castillo, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, también calificó en forma positiva el foro al indicar que la legalidad del contrato fue explicada durante la presentación oficial.
“Basados en la Constitución como en Ley Orgánica de la Portuaria, a nuestro juicio preliminarmente el contrato está fundamentado”, afirmó.
El sector sindical persiste en su rechazo al contrato y considera que las dudas persisten después de la actividad. “A mí me da tristeza que el Gobierno dé a conocer sus debilidades. Evidenciaron que el interventor no puede modernizar el puerto y por eso se lo da a un privado”, expresó Reyes al final del acto.
El español Ángel Pérez, representante de Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), ofreció que con el proyecto se generarán unas 600 plazas de trabajo.
Sin embargo, José Reyes, del Sindicato de Trabajadores Organizados de Puerto Quetzal, aseguró que habrá despidos masivos, aunque en forma indirecta, cuando la EPQ pierda competitividad. “Cerca del 80 por ciento de los contenedores estarán siendo absorbidos por la nueva terminal”, dijo Reyes.
Fuente: Prensa Libre de Ciudad de Guatemala
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