La gran riqueza que esconde la pesca en Chile, así como los oscuros manejos legislativos que la afectan, son temas que fueron, y son, denunciados por Marcel Claude Reyes, director ejecutivo de la Fundación Océana, entidad internacional preocupada de velar por el resguardo de los mares del mundo y la preservación de sus riquezas naturales.

Este economista, doctorado en la Universidad de Lovaina (Bélgica), es referente obligado a la hora de hablar de desarrollo sustentable y denunciar la zona oscura de la influencia del dinero en la política y legislación pesquera. Fue Marcel Claude quien develó el vínculo entre la familia Zaldívar y una empresa pesquera de propiedad del grupo Angelini. Y la justicia ratificó tales vínculos perversos.

De paso en San Antonio, expuso en el Seminario de Profesionales "El mar como fuente de Energía y Desarrollo" tocó uno de los puntos más preocupantes de la provincia: la crisis que vive la pesca artesanal con su ola de cesantía y miseria para miles de sanantoninos.

P.- Cómo ve Océana el futuro de la actividad pesquera artesana en el actual marco legislativo?
R.- Con esta legislación, la pesca artesanal va a terminar siendo absorbida por la industrial, o simplemente va a desaparecer. Pero mientras tanto vamos a tener un proceso de empobrecimiento, de miseria y abandono. Los pescadores van a tener que emigrar a otras actividades como mano de obra barata. Así como están, los artesanales van a desaparecer paulatinamente.

P.- ¿Cuáles son las causas de la crisis que enfrenta el sector artesanal?
R.- El factor principal es la sobreexplotación por la escala enorme con que actúa la industria pesquera, encontrando una legislación apropiada para ello. La legislación en Chile favorece a la industria pesquera en forma absoluta y en particular a dos grupos económicos: Angelini y Del Río. Ellos son los grandes responsables de la crisis y miseria que viven los pescadores en San Antonio y en Chile. De no haber entrado la industria pesquera de la manera que lo hizo en Chile, hoy no habría crisis en el sector artesanal.

P.- ¿Hay que modificar la legislación?
R.- Por supuesto. Las cuotas deben asignarse con criterios biológicos. Segundo, la asignación de las cuotas no debe hacerse por tamaño de bodega de las naves o presencia histórica, debe hacerse con criterios técnicos como eficiencia, artes de pesca más amigables. Otra, la asignación debe hacerse en función del aporte que hagan al empleo. Si el 80 por ciento del empleo lo da el sector artesanal, el 80 por ciento de la cuota debe ser asignada a éste y el 20 por ciento restante a los industriales.

P.- ¿En qué queda el rol social de la pesca a la hora de legislar?
R.- ¿Qué rol social? Cuando decimos que la pesca entrega 75 mil empleos y de esos, 60 mil los entrega el sector artesanal al que se entrega el 20 por ciento de las capturas, estamos diciendo que el criterio no es el empleo. Es al revés, el criterio es la influencia de los grupos económicos en la política.

P.- ¿Hay nexos directos entre política, capital financiero y pesca?
R.- Exactamente, es lo que se ha demostrado claramente en la legislación pesquera en Chile.

Royalty

Marcel Claude propone la aplicación de un royalty a la pesca, que es un pago que deberían realizar las empresas a los chilenos por extraer recursos del mar.

P.- ¿Serviría el royalty como un regulador de la actividad pesquera?
R.- Obviamente. El royalty tiene cuatro características básicas, primer es un precio por lo que Chile aporta en recursos naturales pesqueros a la industria. El royalty es un precio como el salario o la rentabilidad del capital y cuando se pone un precio se introduce un criterio de eficiencia. Cuando se esconden los costos, actúan en la industrias empresarios o inversionistas ineficientes que capturan más allá de lo aceptable porque se esconden los costos. Así, al eliminar sobreinversión se elimina la sobreexplotación. Otra característica es que al subir los costos, se eliminan todos aquellos incapaces y así se elimina la sobreexplotación. También con el royalty se permite recuperar el aporte que Chile hace y con eso se financia la educación, la salud o infraestructura. El royalty es una ayuda, un regulador de la sobreexplotación.

Beneficios a pescadores

P.- ¿Cómo se vería beneficiado el sector pesquero artesanal con el royalty?
R.- Lo beneficia ampliamente porque primero que nada, elimina la sobreexplotación y eso ya es un beneficio directo al reducir la sobreinversión industrial, hay más recurso pesquero disponible y hay menos dificultades para acceder a los recursos naturales. En segundo lugar, sólo en royalty de recursos pelágicos son cerca de cien millones de dólares al año si se captura al verdadero precio y con eso se pueden crear fondos de inversión, fondos de educación, capitalización, créditos para hacer más permanente la actividad artesanal, se pueden desarrollar investigaciones, crear instalaciones en tierra, campañas de difusión en mercados internacionales, etcétera. Hay muchas formas en las que se pueden beneficiar, pero debe haber una decisión política detrás para que primero se cobre el royalty, y segundo, se utilicen de la manera que corresponde.

Pesca y política

P.- ¿En la administración pesquera chilena, prevalecen criterios políticos en lugar de técnicos?
R.- Yo creo que los criterios políticos son buenos porque están sobre la base de una sociedad democrática donde están presentes los intereses de toda la sociedad. El problemas es que se deben conjugar también intereses técnicos como por ejemplo no se pueden sacar más allá de cierta cantidad de recursos. Hoy, más que criterios políticos, son económicos y financieros de grupos que interfieren de manera no ética en la política.

P.- ¿Es lícito que el sector pesquero industrial haya realizado lobbies cuando se discutía la Ley Larga?
R.- Es lícito que todos hagan lobby. El problema que en Chile hoy no es lobby, es tráfico de influencias para ocultar conflicto de intereses, para poner una cortina de humo sobre la interferencia del dinero en la política. Es lícito que los interesados presenten sus argumentos o análisis. Lo que no es lícito que eso que llaman lobby sea tráfico de influencia, que es lo que ocurre hoy en Chile. A través del mal llamado lobby se hace valer el financiamiento de las campañas políticas o la intención de los grupos económicos de apoyar a tal o cual candidato.

P.- ¿Cómo ve que la familia Zaldívar siga ligada a la legislación de la actividad pesquera luego de haber quedado ratificado sus vínculos con empresas del sector?
R.- Que los senadores Zaldívar (Andrés y Adolfo) sigan ligados a la legislación pesquera es una prueba que en Chile no hay control democrático. Que la probidad como regla de funcionamiento de las autoridades públicas no opera de la forma esperable. Tampoco hay sanciones para este tipo de conductas cuando los parlamentarios ocultan sus intereses o cuando legislan a favor de sus intereses; eso, debería estar sancionado por la ley. Pero eso no ocurre en Chile. En el caso Záldivar los parlamentarios actuaron corporativamente y pasaron por alto el interés del funcionamiento probo de las instituciones democráticas del país.

Fuente: El Líder