“En un contexto de extrema dependencia energética, el desarrollo de nuevas fuentes locales de abastecimiento se perfila como una prioridad energética para el país”.

De esta forma justificó la ministra de Minería, Karen Poniachik, el lanzamiento de la histórica licitación internacional que ofrece a las grandes petroleras la posibilidad de explorar y producir gas y petróleo en Magallanes.

Esto se entiende porque Chile importa tres cuartas partes de la energía que consume. Poniachik declaró que el país queda, así, en una situación vulnerable frente a la volatilidad de los precios internacionales de los insumos y a las interrupciones o retrasos en su suministro.

“Las inversiones en exploración y producción contribuirán a garantizar la seguridad energética del país, considerando que, por un lado, favorecen el logro de mayores grados de autonomía al reducir la necesidad de importar insumos y, por el otro, apuntan a diversificar la matriz energética en término de fuentes y proveedores”.

Así lo destacó la ministra Poniachik al momento de lanzar el inédito acto licitatorio.

Dijo que se puede esperar una inversión inicial de unos 250 millones de dólares (recursos relativos sólo a la etapa prospectiva), si se realiza una simple proyección de otros dos exitosos acuerdos celebrados en la zona norte con empresas extranjeras.

Aludió así a la suscripción de tres contratos especiales de operación (Ceop) del Estado de Chile con la firma estadounidense Layne Energy Inc., a través de su subsidiaria local Layne Energía S.A., para explorar y desarrollar proyectos gasíferos en la cuenca de Arauco; y con la empresa canadiense March Resources Corp, para prospectar hidrocarburos en la cuenca del Tamarugal, en Pica.

La ministra Poniachik también sostuvo que la llegada de empresas internacionales a Magallanes tendrá un fuerte impacto en materia de generación de empleos directos e indirectos, el desarrollo de infraestructura física y la incorporación de nuevas tecnologías y equipos especializados.

Especial hincapié puso en el desarrollo del “cluster” petrolero (cadena productiva), asegurando que la mayor actividad exploratoria y productiva generará oportunidades para los proveedores de insumos y servicios de la región.

Los diex bloques

En la exposición, se explicó que el gobierno licitará diez bloques territoriales localizados en la cuenca de Magallanes. El cronograma considera que mañana domingo se publicarán en diarios de circulación nacional las bases de este acto concursal.

Se trata de un área total de 32 mil 356 kilómetros cuadrados.

Las empresas o consorcios que se adjudiquen uno o más bloques operarán bajo la modalidad de los Ceops, que suscribirán con el Estado de Chile.

Poniachik confirmó que tres de estos bloques serán operados en asociación con Enap, teniendo cada parte el 50% de la sociedad.

La participación igualitaria con Enap operará en los bloques denominados Coirón, Caupolicán y Lenga.

Los otros siete bloques restantes quedarán en un cien por ciento para las empresas privadas que se adjudiquen. Se trata de las áreas territoriales conocidas como Tranquilo, Russfin, Porvenir, Brótula, Isla Magdalena, Bahía Inútil y Otway (ver mapa).

En los diez casos, el oferente actuará como operador de los bloques.

Contratos durarán un máximo de 35 años

Según la Constitución Política, los hidrocarburos pertenecen al Estado.

“El Estado tiene dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los depósitos de hidrocarburos”, señala la Carta Fundamental. Esta agrega que la exploración y explotación “podrán ejecutarse directamente por el Estado o sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación”.

Entonces, la Constitución establece que las empresas privadas pueden participar en actividades de exploración y producción a través del mecanismo conocido como Ceop.

Un Ceop es, en suma, un contrato que el Estado de Chile, representado por el Ministerio de Minería, celebra con una empresa o un consorcio de empresas para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de hidrocarburos.

El contratista podrá ser una persona natural o jurídica, nacional o extranjera.

Los Ceops pueden adjudicarse de manera directa o a través de licitaciones. En el caso de Magallanes, se optó por licitar los diez bloques.

Las bases de la licitación establecen, además, la figura del Comité de Coordinación, conformado por representantes del Estado y del contratista. Su finalidad será supervisar que el Ceop se ejecute en las condiciones, términos y plazos acordados por las partes.

Los contratos tienen un plazo máximo de 35 años y se dividen en fase de exploración y fase de explotación.

La fase de exploración tendrá una duración de siete años y se subdivide, a su vez, en tres períodos parciales y sucesivos (tres, dos y dos años), sujetos al desarrollo de las inversiones mínimas especificadas en cada contrato.

De haber una prórroga, ésta no podrá exceder los diez años.

La fase de explotación tiene una duración máxima de 25 años y se inicia una vez que el contratista declare comercialmente explotable un yacimiento.

Otra de las condiciones impuestas en las bases se refiere a que el contratista deberá realizar a su propio riesgo las inversiones en exploración comprometidas en su oferta.

Además, se dispone que, al término de cada período de exploración, el contratista deberá restituir al Estado aquellas áreas que determine el Comité de Coordinación, de acuerdo a lo establecido en el Ceop correspondiente.

Al finalizar la fase de exploración, la empresa sólo explotará las áreas declaradas comercialmente explotables.

El Estado le pagará al contratista una retribución por sus servicios una vez que éste inicie la producción del recurso. Una tabla compleja determina los porcentajes, pudiendo retribuirse hasta un 95% de los hidrocarburos producidos para su propia comercialización.

Se salvaguarda el 5% de la producción (por bloque), que irá al pago de los derechos de explotación que engrosarán el Fondo de Desarrollo de Magallanes (Fondema).

Fuente: La Prensa Austral