El cierre temporal de todas las operaciones con barcazas en su puerto en Ciénaga (Magdalena) desde el día lunes 13 de enero, no quiere decir que la Drummond suspenda exportaciones, eso sí, al encontrar otro muelle de embarque que tenga el sistema de cargue directo.

Esas adecuaciones las espera tener listas la multinacional estadounidense a finales de marzo próximo, aunque la ley le impuso el plazo máximo del 31 de diciembre pasado para hacerlo.

De ahí la suspensión impuesta la semana pasada por el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia y cuyo cumplimiento deben vigilar la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la Dirección General Marítima (Dimar), mientras que la Agencia Nacional de Minería acompaña técnicamente a la empresa para diseñar e implementar su plan de contingencia.

¿Qué alternativas hay?

En la búsqueda de salidas para que el segundo exportador de carbón del país no detenga su producción en el Cesar, se barajan varias alternativas pues, en todo caso, es más caro frenar la operación de una empresa que en todo 2012 extrajo 26 millones de toneladas y emplea a 5.200 personas, que asumir sobrecostos para mantenerla activa.

La opción más asequible por distancia y costos es emplear la capacidad remanente de su vecino y competidor Prodeco, el tercer mayor productor de Colombia.

Cabe anotar que desde Ciénaga confirmaron a este diario que la filial de Glencore Xstrata tiene hace más de un año habilitado el muelle de cargue directo.

Sin embargo, una "fuente de la industria carbonífera" le confirmó que Prodeco está operando a su máxima capacidad, aún Drummond, en su largo silencio con los medios, no ha confirmado ni desestimado esa opción.

En caso de que fuera una solución temporal, tendría que buscar ayuda en Colombian Natural Resources (CNR), cuyo terminal también está suspendido, para que le preste vagones de descarga ventral (por debajo), pues los propios operan bajo el sistema de volcamiento.

Si esa opción es descartada en próximos días, queda la alternativa más costosa de llevar en tractomulas el mineral a la Sociedad Portuaria de Santa Marta. Allí, también con el sistema de cargue directo a punto, habría una capacidad ociosa de movilizar unas 20 mil toneladas diarias, una quinta parte de lo que podía llegar a exportar Drummond con su sistema de barcazas.

Una tercera y cuarta opción son los puertos de Cartagena y Barranquilla, lo que también requiere transporte del carbón en tractomulas, con sus respectivos sobrecostos en plata y tiempo.

Si ninguna de esas alternativas prospera o simplemente la Drummond las descarta, se confirmó que jurídicamente también podría apelar a la figura de que otra minera, incluso Prodeco, sirviera de intermediaria para, pagando ese servicio, pueda cumplir con los contratos de largo plazo con sus compradores internacionales. Aunque eso en el comercio internacional no tiene mucha presentación, pero es una salida para evitar la parálisis.

Entre tanto, la matriz, mediante la filial Interocean, ya informó desde Alabama (Estados Unidos) a la clientela del carbón térmico colombiano que tuvo que "declarar Fuerza Mayor, como resultado de las acciones tomadas en contra de Drummond en Colombia en nuestro puerto en Ciénaga".

Sea cual sea el camino que tome la Drummond, un factor determinante de su éxito será cómo maneja la variable de almacenamiento, toda vez que el carbón, apilado en grandes proporciones, tiende a la autocombustión y puede llegar a incendiarse.

Nuevos procesos legales

Mientras tanto, el día martes 14 de enero, la Contraloría General de Colombia anunció la apertura de dos nuevos procesos de responsabilidad fiscal contra la compañía norteamericana, que se suman a otros dos que ya la involucraban.

Además de liquidaciones inexactas de las regalías que deben pagar por la explotación del carbón, y del daño ambiental causado, el organismo encontró que se realizó una extensión del muelle de cargue de barcazas, de 150 a 589 metros, y el de embarcaciones menores de 32 a 50 metros. Según la Contraloría, en este caso, la empresa debería responder por un daño que ascendería a 113.988 millones de pesos (US$ 58 mil).

“El contrato se amplió en 1997. La compañía incrementó notablemente la extensión del muelle de cargue de barcazas, con respecto a lo que eran las condiciones originales del contrato que se firmó en 1992. No obstante, no incrementaron la tarifa”, explicó la contralora Sandra Morelli.

Por esta irregularidad, agregó la funcionaria, “va a haber un cobro retroactivo, porque lo que se paga en este caso es una tasa y esos recursos no han entrado a las arcas del Estado. Los cálculos de la responsabilidad fiscal están hechos a diciembre del 2012, lo que implica que habrá que hacer una actualización por la deuda al 2013 y traerlos a valores presentes”.

El segundo proceso abierto que involucra a la Drummond se refiere a la tarifa que paga la compañía según la capacidad de los buques que utiliza. “Esta empresa se comprometió a usar buques con un calado máximo para soportar 70 mil toneladas, pero se estableció que cuentan con buques de calado de 160 mil toneladas, lo que excede el compromiso establecido. El daño fiscal asciende -en este caso- a 20 mil millones de pesos”, indicó Morelli.

Al ser consulados al respecto, los voceros de la Drummond señalaron que solo se pronunciarán en el momento en que conozcan y estudien a fondo los hallazgos de la Contraloría.

La minera ya tenía un proceso abierto hace varios meses, por 50 millones de dólares (100 mil millones de pesos) por indebida liquidación de regalías. La Contraloría estableció que parte del problema radica en que el Estado le ha permitido a Drummond descontar de las regalías las inversiones sociales que ha hecho en infraestructura de transporte para la región.

Una cuarta implicación fiscal contra la compañía hace referencia a la responsabilidad por contaminación ambiental de la bahía de Santa Marta. “Este es un proceso que no puede implicar exclusivamente a la Drummond, pues hay otros que concurren en la misma actividad económica”, advirtió Morelli, al tiempo que señaló que este organismo está por fallar un proceso contra Prodeco, por una cuantía de 100 mil millones de pesos, porque a los usuarios de los puertos se les imponen tarifas subvaloradas.

Fuentes: El Colombiano y Portafolio, Colombia