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19 de Noviembre de 2010 Responden a críticas por licitaciones portuarias de la V Región Procesos en San Antonio y Valparaíso generan distintas opiniones en el sector

El proceso de concesiones portuarias que se lleva a cabo en la Quinta Región ha generado diversas reacciones en el sector. Hay quienes defienden que estos modelos intentan asegurar que el comercio exterior chileno cuente oportunamente con las instalaciones portuarias que requiere su operación para los próximos años, pero también han surgido algunas críticas que ponen en duda la viabilidad técninca de estos proyectos.

Los abogados de STI, Davor Harasic Yaksic e Ivan Harasic Cerri, se refirieron-en una carta enviada al diario El Mercurio de Santiago-al nuevo proceso de concesiones portuarias y sostuvieron que "estos proyectos adolecen de problemas técnicos y que carecen de los estudios necesarios para su implementación".

Además, aseguraron que "la cantidad de interesados en comprar las bases tampoco acredita la existencia de estudios y la viabilidad técnica del proyecto".

La opinión de los abogados suscitó la respuesta de otros actores, como el abogado de la Empresa Portuaria San Antonio (Epsa), Juan Ignacio Correa, quien en una misiva enviada al mismo medio de comunicación, afirmó que "la licitación en curso está sustentada en antecedentes idóneos elaborados con el más alto estándar técnico, nacional e internacional, como lo acredita la alta convocatoria que ella está teniendo: a esta fecha ya existen diecinueve interesados en adjudicarse el nuevo frente licitado", precisó.

Además, aseguró que "este proyecto busca asegurar un óptimo social procompetitivo, lo que significa excluir a los actuales concesionarios (STI). Así, se conseguirá que, con el ingreso de un tercer operador independiente, el país y sus agentes económicos cuenten con tarifas portuarias de equilibrio más bajas. Junto con ello, el modelo de licitación en marcha también resguarda que el comercio exterior chileno cuente oportunamente con las instalaciones portuarias que requiere su fluida operación".

Por su parte, Germán Correa Díaz, ex presidente del Directorio Empresa Portuaria Valparaíso, también reaccionó frente a las críticas de los abogados de STI, indicando que si bien se refieren principalmente al caso de San Antonio, "hacen afirmaciones genéricas que de pasada afectan al Puerto de Valparaíso, por no corresponder a los hechos".

Correa aclaró que la "Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) preparó, como corresponde, cada uno de los aspectos que requiere un proyecto de esta envergadura", como son el "estudio de agitación (oleaje) y maniobrabilidad (realizado por la empresa INHA de Barcelona, que entre sus conclusiones señala que es viable operar con el tamaño de naves de al menos 300 metros de eslora (de hecho en Valparaíso se ha atendido ya a naves de tamaño aún mayor a este)"; el estudio de geotecnia (con una cantidad de sondajes que ningún estudio previo ha realizado); el estudio de impacto ambiental; y el estudio de ingeniería básica de las dos alternativas de diseño estudiadas y propuestas por una experimentada consultora internacional (Holcrow)".

El ex presidente de EPV agregó que "EPV ha avanzado consistentemente en sus tratativas con los trabajadores marítimo portuarios eventuales, con quienes está en plena implementación un acuerdo suscrito en febrero de 2009, y con los pescadores de la Caleta Sudamericana se ha avanzado en las tratativas para su erradicación, aunque más lentamente, pero no por voluntad de EPV".

Según Correa, "fueron todos estos antecedentes, y otros más que sería largo enumerar, los que llevaron a las autoridades del nuevo Gobierno a validar lo obrado en esta materia desde 2006 en adelante y a autorizar el llamado a licitación del terminal 2 (Espigón) de Valparaíso, lo que se hizo en octubre recién pasado".

Finalmente, señaló "que en una licitación se posterguen los plazos de presentación de propuestas es normal y para nada es señal de improvisación ni apuro irracional", (en alusión a la decisión de las empresas portuarias de extender el plazo de recepción de ofertas de la licitación).

Fuente: El Mercurio de Santiago

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