La disputa entre los dos principales operadores del puerto de Montevideo lejos de terminarse, cobra cada vez más fuerza. El uso de los muelles públicos y la instalación de grúas pórtico por fuera del terminal especializado de contenedores son dos puntos claves que resaltan en un nuevo capítulo de la rivalidad entre la belga Katoen Natie -que opera la Terminal Cuenca del Plata (TCP)- y la firma Montecon, que trabaja solo en los muelles públicos.
El grupo Katoen Natie denunció el 26 de agosto que Montecon pretende "presionar" al Gobierno de Uruguay para que tome decisiones contrarias al marco legal vigente con una estrategia de "comunicación engañosa".
Un viejo reclamo de Montecon es que la Administración Nacional de Puertos (ANP) le autorice la instalación de grúas pórtico, similares a las que tiene TCP para poder mejorar su eficiencia en los muelles públicos. Pero Katoen Natie se opone a que se instale ese tipo de equipamiento por entender que es propio de terminales especializados.
El gerente de relaciones institucionales de Katoen Natie, Fernando Correa, sostuvo que Montecon "se presenta como un terminal de contenedores sin serlo". "Promete a sus clientes servicios que después no puede cumplir por su calidad de operador precario para luego pretender que las autoridades resuelvan directamente sus problemas solicitando autorizaciones que no corresponden porque no han obtenido ese derecho. Tampoco basta con la mera intención de anunciar inversiones para obtener los permisos en forma directa como pretenden", sostuvo Correa.
Según un comunicado del grupo empresarial belga, eso se ha visto "agravado" por la publicidad de Montecon que reivindica "el legítimo derecho" de operar con grúas pórtico, cuando esa pretensión ya fue dirimida en ámbitos judiciales. En 2002, Montecon demandó a ANP y TCP -socios en la concesionaria de la terminal especializada de contenedores- cuestionando el derecho exclusivo al uso de grúas pórtico, pero el fallo fue contrario a sus intereses.
En el alegato final de la ANP, sobre la que se basó la decisión de no hacer lugar al reclamo de Montecon, se sostuvo en que la empresa "parte de una premisa ilegítima" al reclamar que ANP "incumpla y soslaye" la ley de Puertos para beneficiarla, mediante entrega directa de un muelle en exclusiva para que pueda instalar y operar una grúa pórtico.
En otro tramo del alegato, se sostiene que "siendo (Montecon) un operador portuario que lleva años en estado precario, con permisos revocables, temporales (...) mal puede pretender en esas condiciones tener una grúa propia en el muelle, porque la ley de Puertos 16.246 lo prohíbe".
En este sentido, se agrega que "para poder ocupar un muelle como pretende Montecon y más con la instalación de una grúa pórtico", se requiere por ley "una concesión dentro del espacio portuario, autorizada y licitada en forma legal y en acto conjunto con el Poder Ejecutivo". El grupo belga aclaró que pretende que Montecon siga desarrollando su actividad, pero dentro del marco legal vigente, en muelles públicos multi-operados y multipropósito, "sin avasallar los derechos de los demás". En este sentido, se argumenta que Montecon se ha convertido en un operador de contenedores "monopólico" en las áreas públicas del puerto en perjuicio de otros operadores y de otras actividades.
Complementariamente, el jerarca de Katoen Natie mencionó que Montecon pretende aparecer como una empresa nacional cuando es de público conocimiento que la mayor parte de su paquete accionario corresponde al grupo chileno Ultramar.
Finalmente, Fernando Correa concluyó: “Seremos muy enfáticos e iremos hasta las últimas consecuencias en la defensa de los derechos que legítimamente hemos adquirido a través de la concesión de la terminal especializada de contenedores que ganamos en el año 2001, en la cual, en conjunto con el Estado uruguayo, hemos invertido más de 200 millones de dólares en infraestructura y equipamiento”.
El gerente general de Montecon, Juan Olascoaga, anteriormente sostuvo que Montecon espera la autorización de la ANP para comprar tres grúas pórtico que demandarán una inversión de unos US$36 millones. En este sentido, Olascoaga indicó que "la respuesta afirmativa es imprescindible para Montecon, porque de no autorizarse este proyecto de inversión la viabilidad futura de quien opera el 50% de los contenedores del puerto está en peligro".
La firma argumenta que no puede ofrecer la productividad requerida por sus clientes al no tener el equipamiento adecuado y por eso necesita el permiso para poder usar las grúas pórtico en los muelles. La empresa también trasmitió a las autoridades de la ANP que tiene intención de participar en el futuro en obras de infraestructura que se hagan en el puerto de Montevideo para mejorar la operativa general de la terminal, y tiene disponible unos US$25 millones para ello.
Fuente: El Observador, La República; Uruguay
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