En pie de guerra se encuentra los directivos de Armasur y los marinos mercantes de la zona de la X Región, por el proyecto que envió el Gobierno al Parlamento en torno a la apertura del cabotaje a embarcaciones de otros países.

Manuel Bagnara, gerente general de Armasur, indica que si bien el proyecto está en el Congreso, Armasur se encuentra preparando su postura para ser presentada ante los parlamentarios.

Según explica Bagnara, Armasur lo que estima es que más que abrir el cabotaje (navegación o tráfico que hacen los buques entre los puertos de su nación sin perder de vista la costa), se tiene que realizar de forma más competitiva.

Es así como esta entidad plantea que para navegar en aguas interiores se tenga la misma reglamentación que para hacerlo en aguas internacionales y no como establecería el proyecto respecto a que estas naves podrían operar bajo las leyes de sus países de origen. "Es lo mismo que abrir la construcción para que venga una empresa peruana o boliviana y opere con la legislación de ellos", recalca Bagnara.

En la X Región, uno de los productos que generaron movimiento fue el salmón y por cada kilo de salmón productivo se transportan siete kilos de insumo y el 2012 se cosecharon 800 mil toneladas. El año pasado en la zona sur del país se movieron 5 millones 600 mil toneladas, en circunstancias que en Valparaíso fueron 2 millones de toneladas.

Por ello también apuntan a que de subir los costos de ellos, también crecerá el gasto de sus clientes.

Otro punto que preocupa tanto a Armasur, como a los marinos mercantes, es que con la nueva ley los nacionales competirían con países que no tienen la misma legislación laboral, ya que hasta los puertos chilenos llegarían barcos con banderas de conveniencia. "Tienes un barco y lo inscriben en un país que no paga impuesto", recalca.

Es por ello que esta entidad plantea que se opere con la legislación chilena y "eso es lo que nosotros vamos a pelear".

Para ello, Armasur espera poder reunirse con los parlamentarios a quienes presentarle los puntos que hoy cuestionan del proyecto que les envió el Ejecutivo.

De Puerto Montt al sur hay más 200 mil recaladas al año. Y de Puerto Montt al norte hay 3 mil al año.

En total, el sector otorga 20 mil empleos directos e indirectos y hay más de 3 mil personas embarcadas.

También los involucrados plantean que se tiene que considerar el explosivo crecimiento que se vivió en el sur del país durante los últimos 30 años. Es así como hace tres décadas en Puerto Montt había 6 barcos, de los cuales cuatro eran del Estado y dos privados.

En la actualidad, sin embargo, las estadísticas apuntan a que se mueven 80 toneladas en los barcos, por lo que destaca que a pesar de que el crecimiento es tan grande, "el Estado no ha sido capaz de adecuarse a este crecimiento y ahí está el desafio", apunta Bagnara.

Para el personero, lo que ocurre es que al abrir el cabotaje se está "entregando a naves extranjeras y así se eliminan las nuestras".

Tanto Armasur, como la Marina Mercante, llaman a los parlamentarios a escuchar a todos los actores. "El error estuvo en que el Ejecutivo no ha escuchado, pero esperemos que prime la cordura y hagamos una marina mercante costera y competitiva", puntualizó.

Si bien no quiso profundizar en este tema, el seremi de Transportes, Alex Bartsch, afirma que no le parece sano oponerse a algo que se encuentra en discusión en el Congreso, donde se verán quiénes son los que verán beneficiados o perjudicados. Por ello, llama a resolver temas que tienen que ver con la reglamentación de la Marina Mercante costera.

En la misma línea de Armasur, el diputado DC Patricio Vallespín dice que es un retroceso para los trabajadores, ya que tal como está "es una mala forma de promover la competitividad, ya que destruirá la Marina Mercante en Chile".

Además, sostiene que no logrará el resultado esperado porque abrir el cabotaje ningún país del mundo lo ha realizado y si lo hace "está condenado al fracaso, porque no será bueno".

Esto porque en todas partes del globo está reservado a los nacionales y si Chile lo abre unilateralmente "podríamos tener barcos de otros países y con banderas de conveniencias, con legislaciones laborales precarias en todo sentido", ya que esos barcos se rigen por las banderas de sus países.

Ahora Vallespín llama a corregir el proyecto desde el punto de vista geopolítico-militar, ya que -según dice- en caso de conflicto bélico, todas las embarcaciones de la Marina Mercante se convierten y pasan a prestar servicios a la Armada, por lo que si se elimina no se tendría este importante apoyo.

El diputado DC añade que este proyecto puede ser "letal para el sur austral del país, ya que también se pueden perder siete mil empleos".

Por lo mismo, la CUT también sale al paso de este proyecto. Al respecto, José Pacheco, presidente de la organización en la Provincia de Llanquihue, dijo que el abrir los puertos chilenos en las costas para que entren naves y conductores internacionales afecta a los puestos de trabajo y desmejora las condiciones de trabajo.

Por ello, añade que en la CUT "estarán atentos a lo que los trabajadores del sector dispongan, ya que se involucra a una cantidad importante de trabajadores".

El diputado UDI Carlos Recondo, llama a abordar este tema con cuidado y recalca que en algunas partes del país puede ser conveniente abrir el cabotaje, no así en otros lados, como la zona sur del país, que presenta uno más específico y diversificado, con presencia de de cabotaje bastantes empresas y tiene una alta competitividad. Cosa que permitió el desarrollo de una Marina Mercante y por ello dice que se tiene que preservar el esfuerzo de los emprendedores de esta zona y que generaron una actividad muy importante y por eso no está de acuerdo con este proyecto, en un principio.

Juan Fernández, presidente del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Universitaria, también da cuenta de su rechazo al proyecto del Ejecutivo. El personero también apunta a las precarias condiciones laborales con las que podrían llegar los "buques de conveniencia".

Por ello recalca que es necesario que la Marina Mercante cuente con el respaldo de los integrantes de la comunidad. Al igual que Vallespín, acusa que Chile seria el primer país en implementar esta ley, lo que implicaría que "lleguen embarcaciones con bandera de cualquier país".

La postura de Fernández es respaldada por José Verdugo, quien es el presidente de la Confederación de Pescadores Artesanales Zona Sur Austral de Chile, quienes apuntan a que "todo el mundo que trabaja en el mar se constituye además en la reserva naval".

7 mil trabajos se podrían perder, según el diputado Patricio Vallespín de prosperar este proyecto de cabotaje para naves extranjeras en nuestro país.

200 mil recaladas hubo el año pasado en Puerto Montt y el sur, lo que según los entendidos demuestra el importante movimiento que se genera en esta zona.

Fuente: El Llanquihue, Puerto Montt