A mediados de 2012, organizaciones civiles de técnicos y profesionales vinculados al sistema mercante, se reunieron con el presidente uruguayo José Mujica para entregarle un documento sobre el sector. Mujica, partidario de utilizar más los ríos como vías de transporte, les comentó incluso que ese país debería tener un ministerio solo para ese tema.
Un año después, sin obtener respuestas y sin siquiera haberse podido reunir con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, iniciaron una ronda de contactos políticos para denunciar las disposiciones impuestas desde la Armada, que aseguran llevan a desmantelar la actividad y provoca una fuga de recursos humanos capacitados.
El vicepresidente del Colegio de Profesionales de la Marina Mercante, Roberto García, dijo que se está “ante una militarización” de una actividad civil que avanzó con nuevas exigencias.
“El sistema mercante, que es gráficamente el transporte comercial, está legalmente dentro del Ministerio de Defensa y debería salir de él”, reclamó. “Hoy Defensa cobra por los cursos para ser piloto o ingeniero de marina, siendo el único ente estatal que cobra por enseñar”, se quejó.
Agregó que “un recién egresado debe pagar US$ 300 para registrar su título, y a lo largo de su carrera enfrenta otras erogaciones de unos US$ 5.000”, dijo García, lleva incluso a que se les cobre a los armadores por registrar sus barcos o por las inspecciones de la Armada. Si las inspecciones son fuera del país, los inspectores están obligados a viajar en primera clase y hospedarse en hoteles de alto nivel, señaló. Otro gasto lo enfrentan los prácticos de ríos –son los encargados de conducir los barcos– que pagan US$ 700 mil al año que se canalizan a través de la oficina de pilotaje ubicada en Prefectura.
“Desmantelamiento”
El Colegio de Profesionales de la Marina Mercante; la Unión de capitanes y Oficiales de la Marina Mercante; el Sindicato Único de Patrones de Pesca del Uruguay, Tráfico y Cabotaje; la Sociedad de Prácticos del Puerto de Montevideo y la Corporación de Prácticos del Río de la Plata y Río Uruguay, presentaron el jueves un informe a la bancada de senadores del Frente Amplio donde advierten del deterioro del sector.
En el documento afirman que la situación hoy es de “incapacidad logística en el transporte marítimo, con insuficiencias en el tráfico fluvial”, que los “planes de dragados están demorados y dependen de decisiones y servicios ajenos con costos insostenibles”.
Denuncian “ausencia de políticas para gestionar la actividad offshore (prospección y extracción de hidrocarburos en la plataforma continental) con participación de equipos y recursos humanos nacionales. De hecho, ANCAP fue autorizada a contratar barcos extranjeros para buscar petróleo en la plataforma continental, sin exigir en los buques el uso de bandera nacional. En el documento, también denuncian “la inclusión cada vez mayor de la actividad marítimacivil dentro del ámbito militar”, así como una pérdida acelerada de puestos de trabajo “sobre todo en áreas especializadas y de orden estratégico, en beneficio de traspasar la actividad a manos extranjeras o de elementos ajenos al trabajo de la gente de mar”.
Las cámaras privadas sostienen que el marco legal hace que la actividad marítima-fluvial del país sea utilizada para extraer recursos “en beneficio de un sistema burocrático y sin recibir una contraprestación, produciendo un efecto de desmantelamiento de las infraestructuras y de la capacidad de los recursos humanos que sustentan el sector”.
Esta situación llevó a esas cámaras a evaluar presentar una demanda por las erogaciones a las que se ven obligados, dijo el vicepresidente del Colegio de Profesionales de la Marina Mercante. Los privados también solicitaron entrevistas, hace un mes, con el Partido Colorado y el Partido Nacional, pero no tuvieron respuesta.
Los firmantes sostienen que la actividad marítima-fluvial moviliza cerca del 80% del comercio exterior del país. Con los años se impusieron frases célebres “para no hacer nada” como “el Uruguay vive de espaldas al mar” o que “no existe tradición marítima”, lo que es “esencialmente falso” aseguran.
Fuente: El Observador, Uruguay
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