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25 de Octubre de 2004 ''Las contusiones del paro de estibadores'' Conflicto laboral en Iquique alcanzó dimensiones políticas

A quienes fueron agredidos durante la paralización se suman otros magullados. Iquique vio trizarse su imagen de puerto seguro. Navieras y usuarios deberán asumir las pérdidas. Los huelguistas resentirán los turnos no percibidos. El intendente y el Gobierno quedaron en entredicho, por hacer vista gorda. ¿Dónde es la próxima?

"No podemos darnos el lujo de tener inmovilizados miles de millones de dólares en mercancías"", dijo el Presidente de Estados Unidos George Bush el 8 de octubre de 2002, cuando recurrió a una ley de emergencia para solicitar una orden judicial que puso inmediato fin a la huelga de 10 días en 29 puertos de la Costa Oeste.

Lujo que un país como Chile, cuyas pretensiones son salir del subdesarrollo montado en el lomo de las exportaciones, tampoco debiera darse: 80% de su comercio exterior se transporta por vía marítima. Paralizaciones como la que mantuvo inactivo 17 días al puerto de Iquique evidencian vulnerabilidad.

Por lo mismo, más allá de las pérdidas económicas provocadas por este episodio -Iquique mueve 11% de la carga nacional en contenedores y al año, 1,9 millón toneladas-, tal vez lo más grave es que trizó la imagen de este terminal como puerto seguro. Aspecto clave cuando a nivel mundial se elevaron los estándares después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Además, puso en tela de juicio la voluntad de la autoridad política para garantizar el Estado de Derecho. "Éste fue flagrantemente atropellado al dejar que los estibadores en paro impidieran que otra empresa, con la que no tenían ninguna relación, operara normalmente, vulnerando la libertad de trabajo. ¿Qué habría pasado si algo así ocurre en Santiago?", preguntó un ejecutivo local.

Si bien todo volvió a la normalidad el jueves, tras el acuerdo verbal logrado entre las agencias navieras y los trabajadores eventuales sobre el reajuste de 8% en las tarifas por jornada, quedan cabos por atar.

Esta semana las partes en conflicto deben cerrar otros puntos de la negociación y pasar al papel lo convenido. Mientras que las empresas dueñas y operadoras de la infraestructura portuaria tienen que ponerse de acuerdo en el reparto de las pérdidas.

También está por verse el impacto del conflicto en la negociación que viene en Valparaíso. Entre los concesionarios enfatizan que se han esforzado por dar trabajo permanente para asegurarse mayor estabilidad en la operación, pero que si "100 matones nos dejan igual de brazos cruzados se puede echar esta estrategia por tierra".

Cómo se tejió el amotinamiento

Cada cierto tiempo la prensa consigna movilizaciones de trabajadores portuarios, pero en general se trata de protestas menores, principalmente en contra del Gobierno, a quien acusan de incumplir con los beneficios sociales (pensiones, subsidios para crear microempresas y capacitación) que comprometió el ministro José Miguel Insulza, en las postrimerías de la administración Frei, a los trabajadores que serían desplazados por la modernización.

Desde que los principales terminales empezaron a ser gestionados por concesionarios privados la conflictividad bajó. La última paralización larga fue la que por unos 35 días sostuvieron precisamente los estibadores de Iquique en 1999, para asegurarse un buen piso antes de que empezara la privatización: les reajustaron la tarifa de $ 9.000 a $15.000 por la jornada de 7,5 horas, salto que los dejó con una amplia brecha sobre el resto.

A partir de entonces las relaciones entre los empleadores y los operarios eventuales se mantuvieron en un clima aceptable. De acuerdo al Código del Trabajo están regidos por contratos diarios y se ha vuelto norma que cada dos años negocien la condiciones en cada puerto.

Desde 2000 la única paralización realmente relevante había sido una de dos días que a mediados del año pasado afectó a la VIII Región. Entonces lograron que turnos de $ 4.000 se reajustaran a $15.000.

En las dos movilizaciones de marras jugó un rol protagónico el dirigente iquiqueño Jorge Silva Berón (ver recuadro), presidente del Sindicato de Trabajadores Marítimo Portuarios y de la Federación de Trabajadores Portuarios de Iquique. A la luz de lo ocurrido en 2003, los empresarios navieros y sus ejecutivos preveían que este tira y afloja sería pesado. Aquí los principales empleadores de eventuales son Agunsa (grupo Urenda) y Ultraport (grupo Von Appen).

Hace dos años Silva logró un valor turno de $20.200 bruto, que dió un líquido de $17.000 para operarios sin especialización (monto 20% superior a la media nacional), más sobretiempos, festivos y otros bonos. Según la Cámara Marítima -gremio de los navieros que participó en el proceso-, para el próximo bienio su pedida inicial fue de $ 25.000 líquidos, ante lo que las empresas ofrecieron $ 18.300.

Silva se bajó a $ 20.000 líquidos (pero exigió una mesa de negociaciones para afinar otros bonos y establecer por escrito que las empresas se obligaran a contratar sólo gente del sindicato y que éste definiera cuánta gente se requiere para cada trabajo. Esto resultó inaceptable para los empleadores, quienes lo vieron como el primer paso para volver al monopolio que los sindicatos tenían antes de 1981 y leyeron en las condiciones la intención de forzar un paro.

Tanto así que varios días antes que partiera el paro, la Cámara Marítima mandó una carta al ministro del Interior, explicándole que ese pliego era impresentable y que varios actos de violencia ya hacían presumir que la situación podía complicarse. Pero aseguran que Insulza dijo no haberla recibido.

Silva -en un tono afable que contrasta con su fama de "agitador"- explica que llegaron al paro porque no hubo voluntad de las empresas para un acuerdo antes que venciera el anterior convenio, el 1 de octubre: "Desde septiembre de 2003 empezamos a plantearles que concordáramos las nuevas condiciones y nunca se concretó una reunión. Este 1 de septiembre hicimos un primer planteamiento referencial y los llamé pidiéndoles que ojalá en los 30 días siguientes nos entregaran su posición".

Incluso afirma que cuando a fines del mes pasado les contestaron que no iban a conversar, sacaron de la mesa las condiciones de trabajo: "Más que imponer un sistema, queríamos consensuar condiciones que garanticen la seguridad en las faenas".

Después de 15 días de paro, que partieron con un violento enfrentamiento con Carabineros y siguieron con amenazas, amedrentamientos a los trabajadores contratados de la concesionaria Iquique Terminal Internacional (ITI) y ejecutivos, bombas incendiarias y otros desórdenes que inmovilizaron toda la actividad portuaria, el jueves terminó el conflicto. Concordaron una tarifa piso por turno de $ 22.500 brutos (daría un líquido de unos $19.000), más un bono nocturno de $1.000 pesos. Silva comenta que les harán un aporte de $ 450.000 para las actividades navideñas de la federación. Detalles, como las asignaciones por especialidad y sobretiempo serán afinados esta semana.

Los empresarios cuestionan la estrategia del dirigente. Plantean que en definitiva ganó $ 700 diarios respecto de la última propuesta que le entregaron ($21.750), pero recuperar los turnos perdidos les tomará más de un año. Explican que no se trataba de regatear mil pesos más o menos, sino de que eso se traduce en un aumento de costos que los hace menos competitivos porque deberán traspasar a la cadena; y de que con esto los eventuales de Iquique aumentan la brecha con otros puertos, situación que puede traer coletazos.

Silva descarta esto último: "La Coordinadora Nacional no se ha planteado ir a un salario uniforme; condiciones, capacidades y rendimientos hacen que cada realidad sea diferente".

Sin embargo, Jaime Muñoz, presidente de la Federación de Trabajadores Portuarios de Valparaíso, afirma ellos aspiran a alcanzar en las próximas semanas una tarifa similar a la de Iquique, aunque quedarían conformes con cualquier cifra que supere los $ 20.000. Hoy les pagan $14.600 brutos. Además solicitan condiciones mínimas de higiene (baños, duchas y vestidores). El 7 de octubre entregaron un pliego de peticiones a 11 empresas con las que pretenden negociar colectivamente. Si no les responden, anuncian paro el 29.

En las agencias navieras restan dramatismo al asunto. Aseguran que su sindicato no tiene la fuerza para paralizar el puerto, porque está mucho más mecanizado que Iquique (5 personas sacan un barco) y el sindicato más grande (lo lidera Roberto Rojas) tiene contrato vigente hasta julio del 2005. "Claro que si bloquean los accesos y aplican la estrategia de amedrentamiento usada en el norte y la fuerza pública se limita a observar, las consecuencias pueden ser mayores", comenta un ejecutivo.

Al interior de las empresas que operan en el puerto de Iquique aseguran que el cambio de actitud de Silva Berón no fue espontáneo. Que es la consecuencia de que tras el ataque del lunes a la casa de un trabajador de ITI, que operó una grúa, hizo que por fin el Gobierno decidiera ponerle coto al asunto.

El lejano norte

Incluso trascendió que el hecho motivó una reunión entre el presidente de la Sofofa, Juan Claro, y el ministro Insulza, después de la cuál éste habría instruido el mismo jueves al intendente de la Primera Región, Patricio Zapata, para asegurar que los trabajadores de ITI volvieran a sus labores y restaurar el orden público.

Esto -sumado a que esta semana empezaron a descolgarse cargadores- habría detonado el ablandamiento de los sindicalistas. Pues hasta ahora Zapata aparecía con una débil posición; incluso él mismo había llamado a no acudir a los sitios para evitar problemas, a la vez que pidió a las navieras flexibilizar posturas. Siempre se escudó en que era un conflicto laboral entre privados y que sólo podía intervenir si se alteraba el orden público, a lo que los ejecutivos le alegaban que el orden público no sólo se altera con acciones violentas sino con amenazas y actitudes como mantener desafiantes piquetes de trabajadores en las inmediaciones del lugar.

Los cuestionamientos empezaron a subir hasta el propio Insulza, a quien aún se le critica la permisividad con que enfrentó los paros del 97 al 99. "Como eran contra el Gobierno y venían las elecciones las autoridades no hacían nada. Ahora también estamos en período de elecciones y faltó acuciosidad para actuar no sólo en forma punitiva sino preventiva, lo que generó sensación de impunidad", manifiesta el gerente de un grupo afectado.

No sólo los marítimos criticaron la mano blanda. Desde Santiago los productores frutícolas calificaron de "ridícula" la actitud de no intervención del Gobierno.

Patricio Arrau, presidente del directorio de la estatal Empresa Puerto Iquique (EPI), junto con acusar de violentista a Silva interpeló a Zapata por no imponer el orden, afectar los esfuerzos de incorporar capital privado y reimpulsar el puerto (con el puerto detenido EPI no recibe ingresos por tarifa de uso). Esta intervención le valió un también público tirón de orejas del subsecretario de Interior, Jorge Correa Sutil, quien manifestó que el Presidente Ricardo Lagos respaldaba al intendente.

Ahí al parecer hubo un "gallito" personal entre Arrau (PPD) y Zapata (PS). Éste último habría intentado sacar al economista de la presidencia de la portuaria estatal.

Otra arista política fue el "factor Soria". Al alcalde de Iquique se lo sindica como un financista de Silva Berón. De hecho le criticaron permanentemente el apoyo material a los trabajadores en paro y el apoyo del canal de TV y el diario municipal..

Silva desmiente categóricamente que Soria sea su "padrino": Afirma que eso es parte de la propaganda comunicacional oficialista: "El alcalde es iquiqueño, nos conocemos desde siempre. Su familia también tenía una agencia de estiba y desestiba y trabajamos con su papá. Con plata municipal no nos ha ayudado, aunque la municipalidad siempre ha tenido especial atención a los trabajadores portuarios; nos presta tarimas u otras cosas".

A Soria no fue posible contactarlo, pero el alcalde subrogante, Ernesto Lo, afirma que sus medios mostraron a todas las partes; y que sólo han entregado un paquete familiar tipo a los cargadores de la Zofri y los trabajadores en huelga.

¿Confabulación sindical?

Arrau estuvo entre dos fuegos. Como en su rol de presidente de la portuaria estatal debe responder ante el Sistema de Empresas Públicas por la marcha de ésta, tuvo un entredicho con la concesionaria ITI, controlada por SAAM y la española Dragados. La interpeló a cumplir con sus obligaciones contractuales, dando a entender que no estaba tomando todas las medidas a su alcance para hacer que sus 140 trabajadores, que están contratados y cubren 90% de su actividad, reanudaran faenas. ITI mueve 62% de la carga de Iquique.

Los ejecutivos de ITI reaccionaron con una dura inserción el domingo pasado. Claudio Pommiez, gerente general, afirma que hicieron todo lo que estuvo a su alcance para no verse contaminados por la paralización, pero nadie quería arrendar micros ni camiones para ingresar a la gente: "A nuestros clientes les dijimos que el puerto estaba abierto para que atracaran sus buques, pero los últimos dos no quisieron hacerlo porque igual era imposible llegar con la carga de la planta al puerto. Pusimos querellas hasta contra el intendente, pero si en un país no se cumple el Estado de Derecho, todo es insuficiente".

Descarta de plano que sus empleados hayan estado coludidos con los hombres de Silva y da fe de que las amenazas a ellos y sus familias fueron tan reales como los vidrios que quebraron en la casa de un operador de grúa: "A mí 60 personas enfervorizadas me remecieron el auto en la vía pública, a 30 metros de Carabineros.

Sin embargo, el tongo entre los "compañeros trabajadores" fue más que una tesis para algunos personeros locales. "Después de todo también pertenecen a la Fetrapi, que preside Silva y rehusaron subirse a los buses las veces que se logró que la policía los escoltara", comenta un ejecutivo que vivió el conflicto in situ.

Para avalar sus suspicacias citan una entrevista al dirigente sindical de ITI, Jorge Bustos, publicada en el Diario La Estrella, el 9 de octubre, donde afirma que trabajar "sería desafiar a nuestros propios colegas de Fetrapi, quienes están luchando por un beneficio justo....". En Fetrapi admiten que "en Iquique existe una sola organización de trabajadores. El primer vicepresidente es del sindicato Ultraport; el segundo es dirigente de ITI, otro es presidente de Agunsa. Cuando Fetrapi determina algo, los involucra a todos. Aunque hay aspectos legales que cuidar, para que los permanentes no vean afectados sus contratos".

Saldo económico

Lo cierto es que a la fecha las cifras de pérdidas son imprecisas. El puerto mueve al mes 180.000 toneladas y se dejaron de atender 18 naves con cargas avaluadas en US$ 40 millones.

ITI estima las suyas en US$ 500.000. No salieron 20.000 toneladas de cobre, 300 contenedores de harina de pescado y 3.000 autos no se habían descargado.

Los más afectados fueron los usuarios de Zona Franca; generalmente se abastecen en el último trimestre del año para satisfacer la mayor demanda de Navidad y el verano. Según el gerente de la asociación, José Luis Alfaro Zavala, unos 4.800 contenedores fueron desviados a Mejillones o Antofagasta. "Considerando que el flete a Iquique cuesta $350.000 por contenedor, podemos inferir que los costos por este concepto llegan a US$ 2,7 millones".

Como las empresas navieras argumentaron que esta paralización tuvo connotaciones de fuerza mayor, los clientes asumieron el 100% de los costos adicionales.

ITI se apresta a negociar con la estatal EPI que también declare "fuerza mayor" a fin de que no sean aplicables las multas contempladas en el contrato de concesión por 20 años, en caso de inactividad. Por eso es importante que Arrau se convenza de que hicieron todos los esfuerzos para que sus trabajadores operaran. Por lo demás, le están pagando al Estado un canon de arriendo anual de US$ 2,6 millones, bajo el supuesto de que la autoridad política les garantizaría seguridad para laborar las 24 horas del día, los 365 días al año.

A nadie le salió gratis el bullado paro.

El Corleone de los puertos

Jorge Silva Berón (47 años), quien preside el Sindicato de Trabajadores Marítimo-Portuarios (Sitramaport) y la Federación de Trabajadores Portuarios de Iquique (Fetrapi), es consejero para América Latina del Consejo Internacional de Estibadores y vocero nacional de la Coordinadora Marítima Portuaria, se ha ganado el apodo de "el Corleone de los puertos".

Incluso hay quienes lo tildan de "agitador financiado por organismos internacionales".

Silva desvirtúa estas imputaciones. "No vivo de ser dirigente. Tengo que trabajar, subirme de madrugada o noche a los barcos". Agrega que cuando viaja fuera de Chile -ha participado en seminarios y conferencias en Perú, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, España e Italia- es por invitaciones.

Lleva 10 años como dirigente de los trabajadores eventuales, en los que consolidó una fama de duro y extremista. En su currículo destaca el paro de 35 días en 1999.

El 2003, como miembro de la Coordinadora nacional fue clave en la paralización de los puertos de la Octava Región, donde la cadena exportadora no resiste una paralización, porque industrias como la celulosa no tienen capacidad de almacenamiento, lo que obligó a las empresas a ceder y terminar la paralización en dos días. "Allá no presentó pliego, sólo se tomó los accesos a los puertos y mandó las condiciones al Intendente", es la versión que cuentan los administradores de los terminales.

Pero el dirigente argumenta que se movilizaron porque en esa zona apenas pagaban $ 4.000 por el turno y lograron llevarlo a 10.000.

Silva Berón -nacido el 26 de marzo de 1957- afirma que no responde a intereses políticos, pues no tiene militancia y se define como independiente. Reconoce eso sí que votó por Ricardo Lagos para Presidente, por Fernando Flores para senador y por Jorge Soria para alcalde.

En mayo de este año perdió la Fetrapi, que integran tres sindicatos de estibadoras permanentes o contratados (Iti Muellaje, Ultraport y Report), tres de eventuales (Marineros de Bahía, Sitramaport y Sitramaporma) y uno de los cargadores de harina de pescado. Pero la elección fue impugnada al parecer debido a que los dirigentes electos ya no trabajaban en el puerto y en la nueva votación recuperó el timón, previa reactivación de la Coordinadora Marítima Portuaria que reúne a su sindicato Sitramaport, a los camioneros y a los marineros de bahía .

También ha sido cuestionado entre sus pares por la asignación de las jubilaciones cuando se habilitó el nuevo sistema y se abrieron oportunidades para pensiones anticipadas y microempresas. Sin embargo, él asegura que todos los casos contaron con la visación del gobierno.

Una veta desconocida de su personalidad es que asiste a misa los domingos si su horario lo permite y dice poseer una profunda formación cristiana. Desde los 18 años trabaja en las labores portuarias, hasta donde llegó acompañando a su abuelo lanchero.

Fuente: El Mercurio

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