El sector privado y el Gobierno de Puerto Rico están enfrascados en un agrio debate sobre cómo se realizará la inspección de los contenedores que llegan a la Isla, mientras la gran interrogante es cómo dicho registro, y los costos que conlleva, afectarán la ya lacerada economía local.

La controversia, que incluso podría degenerar en pleitos a nivel federal, cobra mayor relevancia porque al ser Puerto Rico una isla, casi la totalidad de la mercancía llega por mar.

Por ende, la inspección, según algunos entrevistados, amenaza con aumentar los costos de los productos importados, en momentos en que el País enfrenta una crisis económica.

Pese a que ambos bandos coinciden en que se debe aumentar significativamente la inspección de contenedores, las partes difieren en el proceso.

En el último año y medio, los navieros y las compañías importadoras han levantado serias interrogantes sobre la manera en que la Autoridad de Puertos (AP) implantará la iniciativa de inspección y su impacto en la economía local. Pese a ello, la agencia asegura que el proyecto no lo detendrá nadie.

“Este proyecto lleva más de 10 años boicoteándose. Hay personas que siempre se van a oponer a todo. Pero este no se va a detener porque haya alguna organización que se oponga”, aseveró Alberto Escudero, director ejecutivo de la AP, en entrevista con Negocios.

¿Atajo al contrabando?

En Puerto Rico apenas se inspecciona el 1% del total de los más de 300.000 contenedores que entran cada año al País, lo que según Escudero, facilita el tráfico de drogas y armas ilegales a través de los muelles, así como la evasión contributiva.

Para validar su punto, indicó que el gobierno federal incautó 100 kilos de cocaína el pasado diciembre que estaban en una embarcación propiedad de una compañía marítima doméstica, a la que no identificó.

Además, dijo que aunque ahora muchos productos están exentos del pago de arbitrios, todavía otros tantos tienen que pagar, y Hacienda debe estar muy atenta a los embarques. Entre los productos que pagan mencionó los automóviles, los cigarrillos, las bebidas alcohólicas, y los productos derivados de petróleo.

En el proceso de inspección participarán agentes del Departamento de Hacienda, la Policía de Puerto Rico, y representantes de las agencias federales.

Según Escudero, para atajar el contrabando y la evasión, la AP le pidió a mediados de 2009 a varias compañías expertas en el área de inteligencia y equipos de seguridad que presentaran propuestas para inspeccionar el 100% de los contenedores que llegan al muelle de San Juan.

En agosto de 2009 tres empresas sometieron sus propuestas y un comité evaluador de la AP escogió como ganadora a la compañía Rapiscan. Las otras dos empresas que compitieron fueron Global Inspection Puerto Rico Inc. y SAIC-Avant Technologies.

Rapiscan es una empresa manufacturera de equipos de seguridad y es subsidiaria de OSI Systems, una multinacional líder en el mercado y una de las principales proveedoras de Homeland Security.

Según el jefe de Puertos, su agencia escogió a Rapiscan porque, además de ser una de las líderes en su ramo, es la “única certificada por Homeland Security”.

Se refería a un registro que creó la agencia de seguridad federal para que las empresas manufactureras de este tipo de equipos se inscriban. Como incentivo para que lo hagan y trabajen en la investigación y desarrollo (R&D) de nuevos productos, Homeland Security se compromete a relevar a la empresa de responsabilidad en caso de que sea demandada por un tercero.

Pese a que la selección de Rapiscan fue en el 2009 y se hizo con relativa rapidez, la AP todavía no tiene listo el protocolo de cómo se realizarán las inspecciones.

Escudero explicó que, en términos generales, cada contenedor se supone que se someta a una inspección por una máquina de rayos X antes que abandone el patio de la compañía naviera.

Si el contenedor tiene algo incompatible con el manifiesto (“bill of lading”), la máquina lo detectará, y no le permitirá su salida hasta que se le realice una inspección más detallada por parte de los funcionarios de gobierno indicados.

La primera máquina ya se instaló en la compañía naviera Crowley, y se supone que el proceso hubiese iniciado allí hace dos semanas. Sin embargo, Crowley radicó un recurso legal en el Tribunal federal para detener el proceso, y lo consiguió.

Debido a las muchas controversias que ha generado el proyecto, Puertos cambió el reglamento para sustituir el cobro de inspección por una nueva tarifa de seguridad.

Escudero justificó la dilación del comienzo de las inspecciones a que Puertos ha estado escuchando las sugerencias de la empresa privada. “Cada día estoy más satisfecho porque se ha hecho en coordinación con los navieros y las industrias. Es cierto, el proyecto ha mutado, pero ha sido para modificarlo a los planteamientos del sector privado”.

Oposición del sector privado

Sin embargo, la queja principal del sector privado es que la AP se ha negado a escucharlos. La agencia escogió a Rapiscan y firmó el contrato primero, y luego empezó a evaluar cómo podía hacer las inspecciones.

Una de las grandes reservas que tienen la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (Mida), la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) y la Asociación de Navieros, entre otros grupos empresariales, es que la inspección del 100% de los contenedores podría causar un enorme atochamiento en los muelles y atrasaría el tiempo de entrega de la mercancía en las fábricas, los comercios y los negocios en general.

“A los navieros nos preocupa el atochamiento que se va a crear. Va a retrasar la operación porque cada inspección podría tardar entre 5 y 15 minutos”, dijo José Nazario, vicepresidente de la Asociación de Navieros, al tiempo que señaló que el 100% de inspección no significa 100% de efectividad.

Mientras, Roberto Monserrate, director de Asuntos Legales de la AIPR, calificó el proceso de inspección como uno “engañoso”, pues cuando haya atochamiento no se inspeccionarán los contenedores, lo que evidencia que la iniciativa no se trata de un asunto de seguridad.

“Lo que más afecta es la falta de transparencia de cómo se va a implantar. Nos dicen que eso viene de arriba, como si fuera por orden divina, y eso nos levanta sospechas, desde la manera en que se hizo la subasta hasta cómo lo están implantando”, dijo Monserrate, quien no descarta que las entidades empresariales acudan al Tribunal.

Se impondrá una nueva tarifa

Para evitar que los importadores le reclamen a Puertos por posibles retrasos en el despacho de mercancía, la agencia enmendó el protocolo de inspección -que aún no está finalizado- para permitir que en caso de atochamiento, los contenedores salgan sin inspeccionar.

No obstante, se le cobrará el monto estipulado, aunque no realice la inspección, aseveró el director de Puertos.

“Ya no estaremos cobrando por inspección de contenedores, sino que se estableció una tarifa de seguridad a toda la mercancía que llegue a los muelles, sea doméstica o internacional”.

El jefe de Puertos indicó que la tarifa empezará a cobrarse, a más tardar a mediados de junio, que es cuando deberá estar listo el reglamento. Aclaró que la tarifa, que será de $60 por contenedor, entrará en vigor aunque no se hayan instalado todas las máquinas de escanear. Las mismas serán siete, más una de repuesta y deberán estar instaladas para septiembre en los terminales de las compañías navieras Crowley, Sea Star, Horizon, Intership, Trailer Bridge y Ayala Colón.

Señaló Escudero que esta tarifa no representará ingreso alguno para Puertos.

El cambio de postura de la AP, según los empresarios y ejecutivos entrevistados, es para garantizarle a Rapiscan el monto total del contrato.

“Esto es un regalo para Rapiscan. Esto no se trata de seguridad, esto es un tax escondido”, denunció Hernán Ayala, presidente de la Asociación de Navieros.

Para Ayala, la inspección de contenedores se puede realizar sin que represente un costo tan alto para la economía local. “Existen fondos federales para equipos, evaluaciones de riesgo, adiestramientos. Puertos pudo haber solicitado esos fondos”, añadió.

Aunque los navieros no pudieron precisar una cifra exacta de a cuánto ascenderán los costos, estimaron los mismos en $26 millones anuales para el sector privado.

“Estamos a la merced de una caja de sorpresas, ya que existen costos escondidos”, dijo Ayala, quien mencionó entre ellos, los costos de interrupción de flujo y el financiamiento de la deuda.

Por su parte, Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de MIDA, alertó de que este impuesto incrementará los costos de la materia prima a muchas empresas manufactureras, además de encarecer el precio de los productos en los comercios.

“Este impuesto abonará a afectar aún más nuestra ventaja competitiva. Han lanzado esto en plena recesión económica y sin hacer ningún análisis de costo beneficio. Por eso es tan preocupante”, expresó el portavoz de MIDA.

Lanza reto al sector privado

Escudero, por su parte, aseguró que la nueva tarifa de seguridad tendrá un “impacto mínimo” en los precios de la mercancía importada. Dijo que en la mayoría de los casos, el alza será de décimas de un centavo por unidad, o hasta menos.

No obstante, lanzó un reto al sector empresarial. “Los que estén preocupados por el aumento, que velen por el efecto multiplicador, y que a lo largo de la cadena (de suministros) no le aumenten dinero de más al consumidor”, manifestó el titular de Puertos.

Según él, el sector privado se opone al control no por el alza en los costos, sino por las irregularidades que cometen y que quedarán al descubierto con la inspección de los contenedores.

Aunque no ofreció cifras concretas de a cuánto asciende la evasión, el funcionario dijo que Puertos y el Departamento de Hacienda llevan dos meses compartiendo información de los embarques y en ese tiempo han encontrado muchas discrepancias. “Hemos visto diferencias marcadas entre la información que le someten a Puertos y la que envían a Hacienda”, agregó.

Fuente: El Nuevo Día (Puerto Rico)