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03 de Abril de 2024 Puerto de Chancay se complica tras acción del Ministerio de Transportes de Perú para anular exclusividad de explotación de Cosco Se argumenta que dicha cualidad constituiría un abuso en la posición de dominio e iría en contra de la libre competencia

Como es conocido, el consorcio Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. — formado por la empresa china Cosco Shipping Ports Limited (CSPL) y la peruana Volcan Compañía Minera (con una presencia minoritaria)— se encuentra a cargo de la concretar el Proyecto Portuario de Chancay. La Autoridad Portuaria Nacional (APN) de Perú hace tres años le otorgó al consorcio inversionista la “exclusividad de la explotación de los servicios esenciales de la infraestructura portuaria”. No obstante, la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú, representada por David Ortiz, presentó una demanda para anular dicho acuerdo señalado en la Resolución de Acuerdo de Directorio 0008-2021-APN-DIR, puesto que este no cumpliría con el principio de legalidad administrativa, dado a que iría en contra la libre competencia, según señala la Constitución y la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN).

En detalle, la Constitución Política señala en su artículo 61° que el estado “combate toda práctica que la limite [la libre competencia] y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios”. Además, la Ley del Sistema Portuario Nacional de Perú detalla que “están prohibidas las prácticas que constituyan abuso de posición de dominio o que sean restrictivas de la libre competencia”.

Cabe mencionar, sin embrago, que la explotación exclusiva de los servicios portuarios en la infraestructura del proyecto, no se encuentra expresamente regulado en la LSPN y su Reglamento, porque se trata de un proyecto portuario de titularidad privada y de uso público que se está tramitando de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Autoridad Portuaria Nacional (APN).

Pese a esto, en la resolución del acuerdo, la Unidad de Asesoría Jurídica de la APN indicó que el proyecto al ser de interés público, de no otorgar “el uso exclusivo” desalentaría la inversión privada y no permitiría recuperar la misma, por tanto, resolvió que era jurídicamente viable que la APN, garantizando el interés general, otorgase la exclusividad a Cosco Shipping Ports.

Debate en torno a la acción del MTC

El debate en torno al cuestionamiento del otorgamiento de la exclusividad de la explotación del Puerto de Chancay a Cosco Shipping Port Chancay Perú S.A. por parte de la APN, se hizo presente recientemente en el Congreso de Perú durante la sesión de la Comisión Especial Multipartidaria de impulso y seguimiento del proyecto Terminal Multipropósito de Chancay.

Parte de los argumentos a favor de mantener la exclusividad otorgada por la APN a Cosco Shipping Ports corrió por cuenta del congresista José Cueto, quien señaló que, si bien existe un “vacío legal” que regule la cesión de la exclusividad, ello no debería entorpecer un proyecto tan importante para el desarrollo del país. Además, destacó que el proyecto “lo realiza una empresa 100% privada; no es plata del Estado peruano sino de una empresa que se arriesga” indicó, añadiendo que “acá se está poniendo en peligro un importante proyecto, donde hay un interés de entorpecerlo”.

Mientras tanto, otros congresistas alineados con la postura anterior mostraron su preocupación en cuanto a que la demanda del MTC desanime la inversión y afecte la imagen de Perú.

En tanto el gerente general de Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., Carlos Tejada, señaló que la exclusividad era un acuerdo que tenía que darse, ya que es una inversión 100% privada con riesgo. Por lo mismo, lamentó que se haya tomado medidas contra un proyecto tan importante para el país.

Dicha posición es compartida por la Conudfi y sus gremios asociados: Asociación Automotriz del Perú (AAP), Asociación de Exportadores (ADEX), Cámara de Comercio de Lima (CCL), Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque (CAMLAM), Frío Aéreo (FA), Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y Sociedad Nacional de Pesquería (SNP); la que en un comunicado expresó su profunda preocupación por la Acción de la Procuradoría del MTC.

Según el gremio, la acción “atenta contra un acto administrativo vigente, generando una atmósfera de inseguridad jurídica que puede desalentar la inversión privada, deteriorar la percepción internacional del Perú como destino de inversión, y repercutir negativamente en la creación de empleo y en el progreso de nuestra infraestructura”.

“La presentación de esta demanda, tres años después de la formalización del acuerdo, pone en riesgo no sólo la inversión realizada sino también el potencial de este proyecto para ser un motor de crecimiento económico, generación de empleo y mejora de la logística y comercio internacional para el Perú”, añade el Gemio.

Vacío legal     

Por su parte, el presidente del directorio de la APN, Walter José Tapia Zanabria, señaló que la corrección del vacío normativo de la exclusividad del proyecto lo debieron realizar sus pares de gestiones anteriores, aunque acotó que “la operación del puerto no va a parar”.

Asimismo, dijo que la entidad que dirige tuvo que tomar la decisión del procedimiento administrativo debido a que los órganos [reguladores] les iban a observar ese vacío. Por ello, señaló que la APN no solo ha corregido el problema, sino que ha dado una solución planteando una modificación a la ley portuaria.

Por MundoMarítimo

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